El Consejo de Derechos Humanos de la ONU traicionó a las incontables víctimas de la “guerra contra las drogas” de Filipinas al no renovar el mandato dela OACNUDH para monitorear la situación, pese al preocupante aumento de los homicidios policiales en operaciones contra la droga a lo largo del año (p. 48). Arabia Saudí reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas después de una moratoria no oficial de dos años (p.73). En AZERBAIYÁN Al menos seis activistas críticos con el gobierno —que habían sido devueltos a
Azerbaiyán después de que Alemania rechazara sus solicitudes de asilo— fueron detenidos por cargos relacionados con drogas, que parecían ser falsos, y procesados en causas distintas. El proceso de revisión constitucional concluyó que Botsuana apoyaba en gran medida la pena de muerte e incluso quería ampliar su uso; el proceso recomendó que se ampliar a el número de delitos castigados con la muerte, incluidos los relacionados con las drogas (p. 122). La lógica y la aplicación de la “guerra contra las drogas” que había regido las políticas de
seguridad pública de Brasil durante decenios seguían alimentando el ciclo de violencia y
homicidios cometidos por la policía en el país. (125). Durante la pandemia en Corea del Norte detenciones se llevaban a cabo por violaciones de las medidas de cuarentena como intentos de contrabando, rupturas del
aislamiento y viajes transfronterizos, así como por consumo de drogas, prácticas religiosas —ya que las autoridades no toleraban ningún sistema de creencias alternativo— y acceso a información del exterior del país (p. 165). En Filipinas Continuaron los homicidios ilegítimos en la “guerra contra las drogas”, y se mantuvo
arraigada la impunidad por miles de homicidios cometidos en el pasado. Se intensificó la represión de la disidencia y se restringió aún más la libertad de expresión, al tiempo que defensores y defensoras de
los derechos humanos, periodistas y personas que ejercían el activismo político, entre otras, eran víctimas de homicidios ilegítimos y de detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades bloquearon sitios web y ordenaron el cierre de medios de comunicación independientes. En las elecciones de mayo resultó elegido
presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (hijo del expresidente Marcos), quien continuó la “guerra contra las drogas”, iniciada en 2016 y vinculada a violaciones graves de derechos humanos (p. 206). en Iran Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos por delitos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas (p. 254). En Malasia En octubre, el gobierno presentó ante el
Parlamento una reforma legislativa para abolir la pena de muerte preceptiva para los delitos de drogas y otros 10 delitos más, pero propuso como alternativa castigos crueles e inhumanos, tales como la flagelación. Los proyectos de ley en cuestión no progresaron debido a las elecciones. (p. 304). En Singapur Se reanudaron las ejecuciones, suspendidas desde noviembre de 2019. La ejecución en abril por delitos relacionados con las drogasde Nagaenthran Dharmalingam, ciudadano malasio con diagnóstico de discapacidad intelectual, provocó la indignación pública (p. 404).
Informe completo en https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/5670/2023/es/
