¿Quién es una persona defensora de Derechos Humanos?

De acuerdo con Hina Jilanila, Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, una persona defensora de Derechos Humanos es cualquier persona que eduque, vigile o denuncie la protección de derechos humanos debe ser considerada como defensora de derechos humanos. No importa si ese es su trabajo o si lo hace en su tiempo libre. No importa si son parte de sus funciones como funcionario público, ni si su labor se centra en derechos civiles y políticos o en derechos  económicos, sociales y culturales. Lo único que importa es que si toma o no acciones para educar, vigilar o denunciar la protección de derechos humanos. Así que probablemente tu eres una persona defensora de derechos humanos.

La condición como persona defensora de derechos humanos no es permanente. Se tiene mientras que se cumplan con esta labor.

Los Estados deben tomar medidas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor. Esto implica no impedirles directa o indirectamente su trabajo así como también investigar y castigar cuando son víctimas de amenazas o violencia.

7 motivos por lo que apoyo a Daniel Duque a la Alcaldía de Medellín

El pasado sábado Daniel Duque Velásquez inscribió su candidatura a la Alcaldía de Medellín, luego de ganar la encuesta realizada por el Partido Alianza Verde. Quiero compartirles siete motivos por los que lo acompaño y hago parte de su campaña. 

Conocí a Daniel hace varios años, el primer recuerdo que tengo de él como político, se remonta al 2014 o 2015, cuando fue presentado en un evento en el Palacio de Exposiciones, como el coordinador del equipo de jóvenes en la campaña de Alonso Salazar Jaramillo a la Alcaldía de Medellín, tarea que cumplió muy bien. Nuestros caminos se cruzarían también luego en la campaña por el Sí en el Plebiscito en el 2016 y en la campaña para promover la Consulta Anticorrupción en el 2018, en las cuales se destacó por su liderazgo.

Igualmente, en el 2018 lo apoyé en su aspiración a la Cámara de Representantes por Antioquia, por el Partido Alianza Verde, partido en el que simpatizo desde el 2010 cuando apoyé a Mockus y Fajardo a la Presidencia de Colombia. Al no llegar a la Cámara (Por muy pocos votos) Dani decidió lanzarse al Concejo de Medellín en las elecciones territoriales de 2019. En ese proceso fui también candidato a la JAL de la Comuna 10, e hicimos una campaña muy bella y creativa, que dio como resultado, la obtención de la curul en el Concejo. 

1. Mi apoyo a Dani es principalmente porque compartimos pasiones como la política y coincidimos programáticamente e ideológicamente, por algo nuestros caminos se han cruzado en tantas oportunidades y hemos hecho activismo juntos por causas y asuntos como la juventud, la paz, la cultura ciudadana, la calidad del aire, la lucha contra la corrupción, las libertades, entre otras. Recuerdo que en campaña presidencial compartimos los resultados de algunos test que salían para ver con cual candidato coincidíamos más, y con Dani siempre quedábamos ubicados en el mismo marco político e ideológico. Pero no solo por esos test, siempre que escucho las intervenciones de Dani, coincido plenamente con sus planteamientos, con su estilo moderado y razonable de ver los asuntos. Pienso que ambos tenemos  visiones muy similares de cómo debería ser la sociedad, de qué debería cambiar en el mundo y claro tenemos también diferencias, pero en general creo que nos paramos desde una mirada progresista, que tiene en su base la dignidad humana, la justicia, la libertad y la defensa de los principios constitucionales de nuestra Carta del 91. 

2. #UnNuevoAire no solo fue el lema de Dani al Concejo, también es el nombre de un colectivo al que me vinculé por invitación de Dani. Allí he conocido personas maravillosas con quienes he construido vínculos de amistad y militancia política, pues compartimos unos sueños y una visión de la sociedad que nos mueve y nos impulsa a seguir nuestro activismo defendiendo las causas en las que coincidimos. He sido testigo entonces de que Daniel Duque sabe conformar equipos y sacar de cada persona lo mejor de sí. Los equipos que ha formado para las distintas luchas que emprende han sido increíbles, personas con cualidades morales, sensibilidad social y competentes para las tareas que se distribuyan, estoy seguro de que para la Alcaldía se rodeara de lxs mejores, hará nombramientos de lujo y fortalecerá técnica e institucionalmente todas las dependencias, a las que llegaran servidorexs calificados e idóneos a darle su talento y amor a Medellín.

3. En el 2020 tuve la oportunidad de trabajar apoyando las actividades de la Relatoría del Concejo de Medellín, así que pude hacer un seguimiento de la labor de todxs lxs concejales y evidencié que Daniel Duque, se caracteriza por ser muy riguroso y ético en todas sus decisiones. Consulta con su equipo y con expertos antes de dar cualquier paso. Llegó al Concejo con una maleta cargada de iniciativas para Medellín, pero la coyuntura no solo del covid, sino también de los escándalos y situaciones que se han generado con la Alcaldía de Daniel Quintero, desviaron las energías del equipo, haciendo que muchas veces se tuviera que priorizar en las denuncias, los derechos de petición, los debates de control político, entre otras acciones de veeduría para evitar los malos manejos y el actuar corrupto de esta administración. 

4. Desde los primeros días Dani fue tentado a seguir las prácticas clientelistas que se manejan en el Concejo, pero su actuar siempre ha sido coherente con sus principios. Es el único concejal que actualmente no tiene inmuebles de su propiedad, ni vehículos, ni lujos que ha podio tener desde el lugar de poder en el cual se encuentra; para él ha sido mas importante dar ejemplo de honradez y respeto por sus convicciones y posicionamientos éticos. De ahí que no duda en expresar la frase "A mi que me esculquen" sabe que no tiene rabo de paja y que su mayor riqueza es trabajo a pulso que ha ido cosechando y la confianza que la ido construyendo.

5. Algunas personas lo cuestionan por su juventud y su falta de experiencia administrando, yo puedo decirles: tranquilos. Su preparación para este cargo se sustenta en su alto nivel de formación, su capacidad de liderazgo y su inteligencia. Pueden revisar su hoja de vida y ver una trayectoria que da cuenta de que no solo tiene la experiencia, sino además el conocimiento de ciudad y las habilidades mentales, psíquicas y emocionales para enfrentar los dilemas y desafíos de una ciudad capital tan compleja. No todos los Alcaldes de Medellín han tenido la preparación académica que Dani a su corta edad tiene, abogado y magister en procesos urbanos y ambientales de EAFIT, con una tesis muy destacada e interesante (Ver tesis aquí). No todos los alcaldes han pasado primero por el concejo, que aunque tiende a pensarse que no administra, hace parte del ejecutivo y cumple muchas funciones como Junta Directiva de la ciudad. Indiscutiblemente su labor estos años en el concejo le dan a Daniel todo un bagaje en conocimiento de ciudad y en administración pública, que obviamente cualificará al llegar a la Administración a ejecutar recursos, pero estoy seguro que lo hará muy bien, con todo el compromiso y rigurosidad que lo caracteriza y además rodeado de un gran equipo, que le dará luces para manejar el timón de la mejor manera.  

6. Hace poco en un recorrido por Castilla, le pregunte a Dani que si estaba consiente del chicharrón al que se estaba metiendo. No dudo en sus capacidades para liderar la ciudad, pero si me ponía a pensar en los riesgos y responsabilidades que implica asumir un cargo como la Alcaldía de una de las ciudad con más habitantes del pais, una ciudad llena de complejidades y de múltiples crisis. Respondió con mucha firmeza y seguridad, que sí, que sabia el reto que estaba asumiendo y lo hacia con total responsabilidad. Es claro entonces que tiene toda la energía y el coraje para asumir la responsabilidad de ser alcalde de Medellín. 

7. Daniel Duque le propone a Medellín una nueva visión compartida de ciudad que nos devuelva la confianza y nos focalice en los problemas más apremiantes que tiene Medellín. (Ver programa de gobierno aquí). Estoy convencido de que las propuestas que se hacen desde esta candidatura, son construidas con total seriedad y responsabilidad, teniendo en cuenta las competencias, recursos, diagnósticos y posibilidades con las que se cuenta. El documento que esta en construcción y que se espera nutrir en los próximos meses, se estructura desde tres pilares: 1) Justicia Social y Desarrollo Económico, 2) Seguridad y convivencia, y 3) Acción ambiental y hábitat. Los cuales son posibles si contamos con un gobierno eficiente y transparente, que promueva y garantice la articulación entre Organizaciones Sociales, Universidades y academia, Sector privado y Estado. Por consiguiente, parte además de 10 principios claves para gobernar la ciudad:

1. La Alcaldía tiene que estar al servicio de la gente y no del Alcalde.

2. La política es para servirle a la sociedad, no para enriquecerse.

3. La labor pública exige idoneidad y compromiso.

4. Respetamos las instituciones.

5. El periodismo es vital para la transparencia y la democracia.

6. El que paga para llegar, llega para robar.

7. El que miente para llegar, llega para engañar.

8. La mayor riqueza de Medellín está en su gente y sus organizaciones sociales.

9. La acción ambiental es urgente. 

10. Estamos abiertos al diálogo. El sano debate nos ayuda a ser mejores para servir correctamente a Medellín.

De igual forma, este programa de gobierno - Visión de ciudad , entrecruza enfoques muy valiosos como la perspectiva de género, interseccional y territorial, transversalizando a su vez el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

#MedellínTieneConQué       

Gracias UNAULA! Les comparto mi logro de ser Magister

 Me gradué de magister en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana💫✌️🌿🔥

Muchas gracias @Unaula Al Comité Curricular de la maestría por la oportunidad que me dieron con el programa de apoyos económicos.
Gracias a mí asesora de investigación, la Dra. Angela María Urrego, a mi familia, a las #mujerescannábicas que participaron en mí estudio, a mis amigxs y compañerxs con quienes viví este proceso de tantos altibajos y desafíos, con pandemia y estallido social incluido. Gracias.

Vulneraciones a los DDHH asociadas a las políticas de drogas, tomadas del Informe 2023 de Amnistía Internacional

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU traicionó a las incontables víctimas de la “guerra contra las drogas” de Filipinas al no renovar el mandato dela OACNUDH para monitorear la situación, pese al preocupante aumento de los homicidios policiales en operaciones contra la droga a lo largo del año (p. 48). Arabia Saudí reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas después de una moratoria no oficial de dos años (p.73). En AZERBAIYÁN Al menos seis activistas críticos con el gobierno —que habían sido devueltos a

Azerbaiyán después de que Alemania rechazara sus solicitudes de asilo— fueron detenidos por cargos relacionados con drogas, que parecían ser falsos, y procesados en causas distintas. El proceso de revisión constitucional concluyó que Botsuana apoyaba en gran medida la pena de muerte e incluso quería ampliar su uso; el proceso recomendó que se ampliar a el número de delitos castigados con la muerte, incluidos los relacionados con las drogas  (p. 122). La lógica y la aplicación de la “guerra contra las drogas” que había regido las políticas de

seguridad pública de Brasil durante decenios seguían alimentando el ciclo de violencia y

homicidios cometidos por la policía en el país. (125). Durante la pandemia en Corea del Norte detenciones se llevaban a cabo por violaciones de las medidas de cuarentena como intentos de contrabando, rupturas del

aislamiento y viajes transfronterizos, así como por consumo de drogas, prácticas religiosas —ya que las autoridades no toleraban ningún sistema de creencias alternativo— y acceso a información del exterior del país (p. 165). En Filipinas Continuaron los homicidios ilegítimos en la “guerra contra las drogas”, y se mantuvo

arraigada la impunidad por miles de homicidios cometidos en el pasado. Se intensificó la represión de la disidencia y se restringió aún más la libertad de expresión, al tiempo que defensores y defensoras de

los derechos humanos, periodistas y personas que ejercían el activismo político, entre otras, eran víctimas de homicidios ilegítimos y de detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades bloquearon sitios web y ordenaron el cierre de medios de comunicación independientes. En las elecciones de mayo resultó elegido

presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (hijo del expresidente Marcos), quien continuó la “guerra contra las drogas”, iniciada en 2016 y vinculada a violaciones graves de derechos humanos (p. 206). en Iran Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos por delitos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas (p. 254). En Malasia En octubre, el gobierno presentó ante el

Parlamento una reforma legislativa para abolir la pena de muerte preceptiva para los delitos de drogas y otros 10 delitos más, pero propuso como alternativa castigos crueles e inhumanos, tales como la flagelación. Los proyectos de ley en cuestión no progresaron debido a las elecciones. (p. 304). En Singapur Se reanudaron las ejecuciones, suspendidas desde noviembre de 2019. La ejecución en abril por delitos relacionados con las drogasde Nagaenthran Dharmalingam, ciudadano malasio con diagnóstico de discapacidad intelectual, provocó la indignación pública (p. 404).

Informe completo en https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/5670/2023/es/

¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

 ¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

Por: Jorge David Vallejo Gómez

“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”. Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión del 7 de agosto del 2022, marcó lo que sería la orientación del nuevo gobierno en materia de drogas, la cual apunta a cambiar el paradigma prohibicionista, de la fracasada guerra contra las drogas, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos, enfoques que coinciden con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz con las FARC.

En este sentido, los cambios que el Gobierno emprenda requerirán de la articulación armónica de los tres poderes públicos, y un primer desafío a largo plazo, será lograr que tanto la sociedad civil como nuestras instituciones, desmonten los sesgos, prejuicios y estigmas alrededor de estos asuntos, para que sean abordados desde la evidencia y el entendimiento de que la prevención llega hasta cierto punto, pues estas sustancias siempre acompañaran al ser humano, por lo que el enfoque de reducción de riesgos y daños, se constituye en una herramienta clave para convivir con ellas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, articuladas en la denominada “Coalición Acciones por el cambio”, han hecho valiosos aportes en el marco de la oportunidad política que se presenta con el nuevo gobierno. Uno de los últimos fue un memorando, en el que coinciden con varias de las recomendaciones señaladas en el Informe Final de la Comisión de la verdad, quien expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y degradación del conflicto armado colombiano. Entre las propuestas realizadas, se indica que es necesario retomar el liderazgo regional frente a la reforma a las políticas de drogas a nivel global; garantizar estrategias coherentes de comunicación y espacios de educación y gestión de conocimiento e investigación; y realizar reestructuraciones institucionales, en la fuerza pública y en la política criminal. Igualmente, se ha hablado de la importancia de comprender y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos del prohibicionismo y el narcotráfico, y esto pasa por reconocer y escuchar a los diferentes actores, e incentivar el diálogo con las personas y comunidades, de manera que puedan compartir sus vivencias y contribuir para que estos impactos sean atendidos, superados y reparados.

Por otra parte, se hace necesario reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles, con lo cual se pueda por ejemplo implementar el Plan Decenal de Salud Publica 2022-2031, y que con esto se amplíen estrategias de reducción de riesgos y daños, se aporte información veraz y actualizada, se construyan protocolos de trazabilidad, guías y sistemas de alerta temprana integrando información de los servicios de análisis de sustancias, todo esto garantizando un enfoque de género y estándares de calidad y transparencia para el control ciudadano. Así mismo, es importante que se garantice mayor acceso a medicamentos para el dolor de pacientes que demandan cuidados paliativos, lo que implica eliminar trabas normativas nacionales e internacionales.

Por consiguiente, se requiere desde el ejecutivo hacer ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilegalizadas, que esperemos acojan además como principio la garantía del Derecho a la ciudad, como derecho colectivo emergente, que reivindica una apuesta interseccional por el derecho a la participación ciudadana, el disfrute de los espacios públicos y el respeto por la diversidad sociocultural y la equidad de género en las ciudades, pueblos y asentamientos.

De acuerdo con el informe de posición sobre Colombia de la Comisión Global de Políticas de Drogas, la regulación de todas las drogas, empezando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y amapola, le permitiría a Colombia avanzar en la consolidación de la paz, aumentando las oportunidades del campesinado y fortaleciendo el tejido social y la presencia estatal en los territorios. Por tanto, para el logro de estos cambios, será clave que se siga consolidando la alianza interpartidista de congresistas comprometidos/as con la transformación en las políticas de drogas. El primer reto que están enfrentado es conciliar las distintas iniciativas, para unificarlas y agrupar fuerzas, así como se ha hecho con el proyecto de Ley Estatutaria 091 (Sobre reducción de riesgos y daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas) y con el proyecto de acto legislativo para reformar el Artículo 49 de la Constitución, con el cual se busca permitir la regulación del cannabis para uso adulto o recreativo, solucionando de esta forma muchas contradicciones jurídicas al estar actualmente despenalizado su consumo mínimo y de aprovisionamiento, pero no su producción, porte y comercialización. De tal manera que, logrado este cambio constitucional, se abriría la puerta para construir nuestro propio modelo de regulación, en el cual se debe encontrar un balance que permita que los precios logren desplazar al mercado ilícito, pero además se garantice la incorporación y el cumplimiento de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal del cannabis de uso adulto. El Congreso también tiene el reto de seguir citando a audiencias públicas para lograr el respaldo ciudadano en estos debates y otras reformas que se requieren como la del Estatuto Nacional de Estupefacientes, el código penal, el código de procedimiento penal, la ley de extinción de dominio, entre otras.

Entre tanto, las Altas Cortes deben estar preparadas para el activismo judicial, en la medida en que iniciativas reaccionarias y regresivas vayan apareciendo. De igual forma es importante que continúe el desarrollo de jurisprudencia relacionada con el autoabastecimiento o aprovisionamiento individual y colectivo de sustancias psicoactivas ilegalizadas; se apliquen beneficios administrativos y penitenciarios, medidas de reinserción social y salud, a personas condenadas por delitos menores asociados con drogas, sobre todo a mujeres, atendiendo al principio de proporcionalidad según la gravedad del delito y racionalizando la acción penal con resultados enfocados en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. También es necesario seguir poniendo sobre la mesa la pregunta sobre qué tanto nos beneficia la extradición de narcotraficantes, pues debe ser prioritario garantizar la verdad y la reparación a las víctimas colombianas, quienes además, según se expone en el memorando, deben ser convocadas para definir el concepto de persona y/o comunidad afectada por la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y para definir los nuevos criterios de acceso a bienes incautados.