En materia de seguridad y derechos
humanos, considero que el principal reto que tendra el próximo gobierno nacional (2022-2026), será la implementación de los Acuerdos
de Paz, especialmente en el punto 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al
problema de las drogas ilícitas). Avanzar hacia la regulación de sustancias
psicoactivas como la cocaína y la marihuana para uso recreativo. El país no
aguanta más seguir con el mismo enfoque prohibicionista, se debe promover una
discusión alrededor de este tema, bajo un enfoque de género y diferencial, que
ponga en el centro a las comunidades, cultivadores y usuarios. En segundo
lugar, la reforma policial, de la mano con las reformas en las políticas de
drogas. Fortalecer los planes de seguridad, los cuales deben propiciar una
perspectiva de seguridad humana, la formación en derechos humanos, derecho
internacional humanitario y enfoque de género e interseccional a la Fuerza
Pública, y su re-estructuración debe darse bajo la participación de diversos
sectores sociales y garantizando una deliberación pública efectiva. En tercer
lugar, proponerle al país una reforma a la justicia que realmente aporte a la
solución de las dificultades de acceso y garantía a una administración de
justicia sólida y de calidad. Disminuir los altos niveles de impunidad y
corrupción enmarcados en nuestro sistema de justicia y político. Esta reforma
debe pasar además por la implementación del punto 5 (Victimas) del acuerdo de paz
y darle plenas garantías al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz,
enmarcado en el Sistema Integral de Justicia, verdad, reparación y no
repetición, creado en los acuerdos, y en el cual la Comisión de la Verdad estará,
por ejemplo, presentando su Informe que deberá ser apoyado y promovido
igualmente por el Gobierno.
Fundamental la articulación con las
administraciones municipales. El trabajo mancomunado con el Congreso de la
Republica, los organismos de control y derechos humanos como las Personerías y
la Defensoría del Pueblo. El dialogo con
la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición y la JEP, al igual que con funcionarixs y Magistradxs de la Altas
Cortes de las Jurisdicciones Constitucionales, Ordinaria y Contenciosa
Administrativa. Por otro lado, es importante involucrar al Sector Académico, al
Privado, a ONGs y a Organismos Internacionales de los Sistemas de Derechos
Humanos. Para el reto uno destararía a actores como los Ministerios
Involucrados con la Reforma Rural (Agricultura, Unidad de Tierras) y con las
políticas de Drogas (Salud, Justicia, Defensa); al Centro de Investigación y
Educación Popular (CINEP); Indepaz. Para el reto dos, será importante además de
contar con la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior, con la asesoría
de organizaciones como Temblores, la ESAP, La Fundación Ideas para la Paz
(FIP), la organización Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), y Washington
Office on Latin America (WOLA) “Programa WOLA Colombia”. Y para el tercer reto,
importante contar con la Asesoria de Facultades de Derecho de Universidades y
entidades como DeJusticia, el Instituto Kroc, entre otras organizaciones de víctimas.
