viernes, 22 de julio de 2022

El cambio de paradigma en materia de drogas, un reto crucial para el nuevo gobierno nacional

 Son muchos los retos en materia de política de drogas, los que enfrentara el próximo gobierno de

Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo que propuso la opción de cambio ganadora en cuanto a este

asunto, evidencia las fisuras que hacen irreversible la transformación de los enfoques que han

imperado en la fracasada y costosa guerra contra las drogas en nuestro país. Incluso con Rodolfo

Hernández también se proponía un cambio al régimen prohibicionista, con una mirada más abierta

y propensa a regular por ejemplo el mercado de cannabis para uso adulto o recreativo, de hecho,

en los últimos días de campaña, lanzó una propuesta rimbombante de “regalar droga a los

adictos”.

El gobierno de Iván Duque se concentró en intervenciones represivas y alejadas del enfoque de

mitigación de daños y riesgos, para reducir la disponibilidad de estas sustancias, sin lograr los

resultados esperados a pesar de enfocar la mayoría de los recursos en la erradicación forzada y la

desarticulación de organizaciones que se financian de este mercado. Con Petro, la visión será

totalmente diferente, pues parte de que no es posible un mundo sin drogas, por lo cual lo que

buscara hacer es enfocar los esfuerzos en la prevención. De ahí que en su programa de gobierno,

plantea convocar a una discusión global basada en los derechos humanos, que reoriente los

esfuerzos entre los países y avance en la regulación del cannabis y la hoja de coca en sus

diferentes usos incluyendo el recreativo.

Igualmente, el presidente electo ha señalado que el Acuerdo Final de Paz con las FARC será parte

de la ruta fundamental para construir un Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo

cual el Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, contempla compromisos claves que

han tenido pocos avances con el gobierno saliente. En este sentido, Petro propone consolidar un

proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que

dignifique a las poblaciones rurales y proteja el medio ambiente.

Más allá de estas ideas que se esbozan en el nuevo panorama, quisiera dejar en esta primera

columna para No Apto, un reto que considero crucial en relación a este tema, el desmonte del

populismo punitivo, el estigma y la criminalización que ha irradiado estos consumos. Tal como lo

ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias T-153 de 1998 y en el Auto 110 de 2019, en

el cual se hizo seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y 

carcelaria. El hacinamiento carcelario en Colombia es alarmante y esto se debe en gran parte a la

desproporcionalidad e irracionalidad de la política criminal antidrogas, que se conjuga con la

persecución policial, particularmente hacia los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico.

El centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia, ha documentado la gravedad de este

problema y su relación con el prohibicionismo en materia drogas. En sus investigaciones se han

destacado además los impactos hacia jóvenes y mujeres en contextos de vulnerabilidad, quienes

en su mayoría se encuentran encarceladas por delitos como el tráfico, fabricación o porte de

estupefacientes u otros relacionados con este mercado ilegal. De otro lado, el equipo de la ONG

Temblores encontró en recientes estudios que las personas consumidoras de sustancias

psicoactivas son quienes más abusos reciben por parte de la policía. Y a esta violencia estatal se le

suma la denominada “limpieza social” que ha documentado el Centro Nacional de Memoria

Histórica y que aparece también en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, como un

fenómeno que ha afectado la vida e integridad de consumidores de sustancias tanto en el

contexto rural como urbano.

De tal manera que de los primeros objetivos del nuevo gobierno, será proponer al país través del

Ministerio de Justicia y del Derecho, medidas urgentes como amnistías e indultos a quienes hayan

cometido delitos relacionados con drogas, bajo criterios que se tendrían que definir, pero que

estarían ligados a que no se hayan dado en concurso con graves conductas punibles.

Lograr avanzar en este reto no solo implicara liderar el debate en la región y en los organismos

internacionales, sino además profundizar en la discusión y sensibilización sobre este tema a nivel

local y nacional. Allí los alcaldes y concejos municipales deberán aportar con el llamado que les ha

hecho la Corte Constitucional de regular el consumo de sustancias psicoactivas en espacios

públicos, abriendo mayores escenarios de participación y promoviendo un dialogo basado en la

reducción de daños y riesgos, la educación, la convivencia y la dignidad de quienes consumimos,

pero también de quienes autocultivan y se consolidan como un mercado gris de emprendimientos

alejados de la criminalidad.

Este es pues un desafío que si bien seria liderado por el ejecutivo en el orden nacional, involucra

también al Congreso, quien deberá apoyar estas iniciativas y otras que se aparten del populismo

punitivo, como avanzar en la regulación del cannabis recreativo; y a la Rama Judicial, quien deberá

acatar estas disposiciones en articulación con el INPEC. En últimas, este cambio de paradigma y las

estrategias que se desprendan deberán ser claras, de cara a la sociedad y ajustadas a las 

recomendaciones que han hecho diversas organizaciones nacionales e internacionales de

Derechos Humanos, señalando la necesidad de racionalizar el uso de la prisión a personas que

cometen delitos menores con drogas, eliminar las restricciones existentes para beneficiarse de

subrogados penales, hacer las reformas necesarias para prevenir la reincidencia, incluir el enfoque

de género en las nuevas políticas de drogas; y finalmente implementar alternativas al

encarcelamiento y la militarización, garantizando la participación de la sociedad civil, por ejemplo

del movimiento cannábico, en el diseño, la implementación y la evaluación de estas medidas, que

sin duda también contribuirán con la paz y la justicia social de nuestro país en el nuevo momento

histórico que arranca este 7 de agosto de 2022.

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