domingo, 27 de junio de 2021

El derecho a la ciudad de las mujeres cannábicas, otra lucha que se suma a las movilizaciones en Colombia

 

El derecho a la ciudad de las mujeres cannábicas, otra lucha que se suma a las movilizaciones en Colombia


 El prohibicionismo y la guerra contra las drogas han exacerbado las violencias y las vulneraciones a los derechos humanos, en los contextos rurales y urbanos de Colombia (Uprimny, et al. 2014 y Quintero, 2020). En las ciudades, las mujeres han sido las que más se han visto afectadas por el populismo punitivo que impuso el Régimen Internacional de Control de Drogas, pues “si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por delitos relacionados con drogas” (Uprimny, et al, 2013, p. 78).

En el marco de la coyuntura actual del paro nacional que inició el pasado 28 de abril de este año, algunas organizaciones como Elementa DDHH, CPAT, Acción Técnica Social, Humanas Colombia, Teméride, Temblores, Corporación Viso Mutop, Sisma Mujer y la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, se unieron para hacer una propuesta técnica al Comité Nacional del Paro, en relación al cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de paz “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

El Gobierno de Iván Duque, desconoce los principios y compromisos en este punto del acuerdo y prueba de ello es el Decreto 1844 de 2018, que al sancionar al consumidor en el espacio público está abordando el problema desde la represión y no desde un enfoque de salud pública y derechos humanos. Además, actualmente se intenta regresar a la erradicación de cultivos ilícitos con Glifosato, una estrategia que la Corte Constitucional restringió en el 2015 y luego condicionó en el 2017 por sus afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.

Aunque los artículos inconstitucionales del Decreto 1844 de 2018 fueron declarados condicionados por el Consejo de Estado, en las calles algunos agentes de la fuerza pública, siguen vulnerando el derecho a la dosis mínima, el libre desarrollo de la personalidad, y en últimas el derecho a la ciudad, al perseguir al consumidor e impedir su disfrute tranquilo de parques y lugares públicos.

El derecho a la ciudad como derecho colectivo y categoría política en constante construcción (Correa, 2008), hoy más que nunca se pone de presente para reflexionar en torno a las luchas de lxs usuarixs de estas sustancias, por los derechos a acceder y gozar de los bienes urbanos de la ciudad. En tal sentido, vale la pena que el tema se ponga sobre la mesa de los diálogos y negociaciones, se escuchen las voces de lxs usuarixs y se propongan otras narrativas menos moralistas y más racionales alrededor de las drogas, en un país que ha sido de los más afectados por el prohibicionismo.

Ana Falú (2014) por otra parte, nos dice que “el derecho a la ciudad no es sino construcción permanente y conflictiva, en la que la incorporación de la categoría género en su análisis y reflexión, permite dar cuenta de las asimetrías de las relaciones jerárquicas y de subordinación entre hombres y mujeres” (p. 19) que además se expresan en lo territorial, por lo cual la protesta en las calles ayuda a develar y deconstruir los patrones que mantienen y reproducen estas asimetrías y dinámicas de injusticia y desigualdad.

De manera tal que, la reivindicación del derecho a la ciudad por parte del Movimiento Cannábico y especialmente de los Círculos de Mujeres Cannábicas, se constituye en un gran aporte en esta coyuntura nacional, que nos ha mantenido en una montaña rusa de emociones durante las recientes semanas, pero de la que tenemos muchas esperanzas de avanzar en las transformaciones profundas que Colombia necesita.

Precisamente, el pasado 8 de mayo, tuvo lugar la Marcha Mundial de la Marihuana en Medellín, a la que asistió el Circulo de Mujeres Cannábicas del Valle de Aburra, en un contexto de pandemia, con un sistema de salud colapsado, por lo cual se estableció un toque de queda continuo desde el viernes 7 de mayo, a las 8 de la noche, hasta la madrugada del lunes 10 de mayo. Pese a lo anterior, la marcha se hizo y en eso fue crucial el impulso del Paro Nacional, que ha activado los ánimos de resistencia y el furor de ciudadanías críticas e insurgentes que se toman las calles y el ciberterritorio, produciendo una especie de revolución molecular por la defensa de los derechos ante un gobierno cada vez más autoritario.

Valga resaltar que los estados de excepción no pueden limitar el derecho a la protesta y eso fue lo que entendió la movilización popular, luego de la cuestionada y desobedecida decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que buscaba suspender las marchas del 28 de abril y del 1 de mayo, día del Trabajo.

En Bogotá el punto de concentración inicial era el Parque de los Hippies, pero debido a la alerta roja de la ciudad por cuestiones de capacidad de camas UCIs, el Carnaval Cannábico fue aplazado por las organizaciones convocantes. En Medellín por su parte, como es costumbre, la marcha salió desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y se concentró luego en el Parque de las Luces, reuniendo a más de 7 mil personas.

 Actualmente vengo adelantando en la Maestría en Educación y Derechos Humanos de Unaula, un proyecto de investigación desde el método de las narrativas, con dos mujeres pertenecientes al Circulo de Mujeres Cannábicas del Valle de Aburra; con el objetivo de comprender los sentidos que han construido en torno al derecho a la ciudad como consumidoras de marihuana para uso recreativo. Una de ellas es Lorena Montoya, quien firmó el consentimiento informado, autorizando que su nombre pudiera salir en las publicaciones que surjan a partir de la investigación, como una forma también de mostrar que no hay porque ocultar estos consumos adultos, por el contrario para cambiar las narrativas estigmatizantes y avanzar en la regulación desde un enfoque de reducción de  riesgos, es clave que salgamos cada vez más del closet psicoactivo.

Ella me envió un audio de Whatsapp con las razones por las cuales está saliendo a marchar con el Circulo de Mujeres Cannábicas:

Como mujeres que hacemos parte de Comunidad Cannábica, hemos asistido en representación de las mismas a diferentes marchas en el marco del paro nacional del 2021. Algunas de nuestras principales razones son las ya mencionadas reformas que nos afectan, no solo a nosotras sino a nuestras familias. Marchamos también porque aún estamos en una sociedad que le cuesta visibilizar el trabajo de la mujer en la sociedad. Marchamos porque como consumidoras de cannabis, nos vemos mucho más expuestas al abuso de la autoridad por parte de la policía, no solo como mujeres sino como consumidoras. Marchamos porque es momento de apropiarnos de espacios en los que hemos sido excluidas por estereotipos de mujeres débiles y delicadas y es hora de demostrar que somos fuertes y resistimos a un Estado y un Gobierno que nos quiere víctimas. Como mujeres cannábicas marchamos y resistimos también por la liberación de una planta que sana (Lorena, mensaje de voz vía Whatsapp, 31 de mayo de 2021). 

Interpretando esta narrativa, se pueden apreciar las principales razones que motivan a las integrantes del Circulo de mujeres cannábicas a salir a movilizarse en el marco del Paro Nacional. En primer lugar, llama la atención que el tema de la reforma tributaria, si bien fue considerado como florero de Llorente o la gota que llenó la taza; pasó a un segundo plano, al igual que la reforma a la salud y la pensional. Se trata entonces de un estallido social producto de una serie de opresiones y violencias estructurales que vienen acumulándose a lo largo de la historia, y se acrecientan en el contexto de la pandemia y con la llegada al poder de un gobierno desconectado, insensible y poco eficaz, que no ha tenido ni siquiera la voluntad política de implementar efectivamente los acuerdos de paz firmados con las FARC en el 2016. De tal manera que, la indignación y la rabia explotan y es lo que estamos viviendo, una sociedad convulsionada, rebelde y con ganas de organizarse popularmente. Una Colombia con mayor pensamiento crítico, que está cansada y en la que además lxs jóvenes precarizados no se sienten representadxs ni siquiera por los líderes sindicales del Comité del Paro.

En segundo lugar, Lorena explica en un tono feminista, que reivindica el derecho a la ciudad de las mujeres, las razones por las que se suman a este paro. Al decir que marchan porque “a la sociedad le cuesta visibilizar el trabajo de la mujer”, nos está llamando la atención sobre como los hombres históricamente han sido los visibles y representativos en la mayoría de escenarios públicos; y al expresar que marchan “porque es momento de apropiarnos de espacios en los que hemos sido excluidas por estereotipos de mujeres débiles y delicadas” también está haciendo una denuncia al sistema patriarcal y al sistema heteronormativo, que establece unos roles fijos de género, bajo una concepción dicotómica de que solo existen dos sexos, y que cada sexo tiene unos patrones, comportamientos y determinaciones naturales, lo cual instala los prejuicios y estereotipos que se denuncian y cuestionan en sus pancartas y arengas durante las marchas.

De acuerdo con Ana Milena Montoya (2012) y Juliana Toro y María Ochoa (2017) las violencias de género en los espacios públicos, obedecen a una discriminación de carácter sexista que da cuenta de la desigualdad y de la dominación de un sujeto sobre otro. Perpetuada por el patriarcado y su sistema de creencias que delimitan lo que hace un hombre y lo que hace una mujer.

En esa misma línea, Ana Falú (2014) nos plantea que estas creencias remiten a estereotipos de dominación masculina, aún vigentes en nuestras sociedades. Cuyos efectos en la cultura patriarcal van a perpetuar una construcción identitaria de las mujeres en su carácter de objetos de subordinación y dominación, “que se expresan como formas de supuesta protección” (p. 24), y como formas de violencia en lo público y en lo privado.

En tercer lugar, según Lorena, las mujeres de este colectivo cannábico también están saliendo a marchar porque como consumidoras de cannabis, se ven mucho más expuestas al abuso de la autoridad por parte de la policía. De lo cual se puede inferir la exigencia de que se dé una reforma policial participativa, y que esta incluya de manera más vigorosa el enfoque de género y diferencial en todas sus intervenciones.

Para Ana Falú (2014) “las violencias que sufren y viven las mujeres en el ámbito público son aleatorias y pueden ocurrirle a cualquier mujer independiente de su clase, educación, edad, etnia o lugar de residencia” (p. 19), en el caso de las mujeres cannábicas, el imaginario de que los hombres son quienes más fuman marihuana, hace que ellas sean menos requisadas por la policía; pero cuando les ocurre, son abusadas y estigmatizadas de forma más fuerte, por esa idea sexista de que al ser mujeres tienen que tener mayor abstención a estas sustancias y evitar a si mismo los lugares de libre consumo o zonas de tolerancia.

Así pues, como lo plantea Juliana Toro (2015):

Hay violencias que las mujeres padecen cotidianamente y que influyen en sentimientos de inseguridad y de extrañamiento permitiendo que los espacios públicos sean predominantemente masculinos y se evidencia la necesidad de que las mujeres se apropien de la ciudad y cuenten con las condiciones para que puedan transitar tranquilamente (p. 3)

De tal forma que estos sistemas de opresión y las restricciones que se ejercen contra las mujeres en la ciudad, dificultan su acceso, disfrute e irrupción plena como ciudadanas en  lo público (Ana Falú, 2014) operando como una limitación a su derecho a la ciudad.

Son entonces muy valiosas las apuestas éticas, políticas y estéticas que se hacen desde el Circulo de Mujeres Cannábicas para develar el continuum de violencias y limitaciones al derecho a apropiarse y disfrutar del espacio público. Igualmente, tal como lo plantea Montoya (2012) la participación de las mujeres en los movimientos sociales al interior de las ciudades, refuerzan la conciencia del lugar que ocupan en el cambio urbano, permitiéndoles identificar “las razones por las cuales las mujeres han sido poco reconocidas por las políticas y la planificación urbana” (Ana Montoya, 2012, p. 108).

El goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres, implica la eliminación de respuestas represivas y autoritarias, que han generado un ambiente de violencia en las ciudades, en este caso evidenciada en la persecución y criminalización a las mujeres consumidoras, cultivadoras o que por su vulnerabilidad se han visto en la necesidad de ingresar al negocio del microtráfico.

Esta es además una discusión muy útil para dotar de nuevos sentidos y contenidos el polisémico derecho a la ciudad, que nos inspira a luchar por su reconocimiento y por la posibilidad de imaginar, recrear y transformar la ciudad según nuestros deseos.

 

Referencias

 

Correa, L. (2008), ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos, consultado el 27 de junio de 2010, en Colectivo del Interés Público, disponible en http://colectivoip.blogspot. com/ publicaciones y en http://issuu. com/colectivodelip

Falú, A. (2014). El derecho de las mujeres a la ciudad. Espacios públicos sin discriminaciones y violencias. Revista vivienda y ciudad, 1, 10-28. Recuperado de:  https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/9538/10864

Montoya, A. M. (2012). Aproximaciones sobre el derecho a la ciudad de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana. Revista Ratio Juris, 7(15), 177-189. Recuperado de: https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/135/126

Toro, J. (2015). Mujeres, a la calle: configuraciones urbanas, violencia y roles de género. Un análisis de las violencias hacia las mujeres en espacios públicos de Medellín.

Toro, J., y Ochoa, M. (2017). Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo. Sociedad y economía, (32), 65-84.

Uprimny, R., Guzmán, D. E., y Parra , J. A. (2013). Penas Alucinantes: La desproporción de la penalización de drogas en Colombia.

Uprimny  R.,  Guzmán,  D,  Parra,  J  y  Bernal,  C .  (2014)  Políticas  de  Drogas  frente  al Consumo  en  Colombia:  Análisis desde  Una  Perspectiva  de  Derechos  Humanos. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho.

 

 

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