“Aprendizajes que la creciente migración venezolana está dejando en la cultura política de Medellín”

Escrito en el 2019, en el marco del Seminario "Cultura Política" de la maestría en Educacion y Derechos Humanos de Unaula. Docente: German Valencia. 

La situación en Venezuela, ha llevado a que “4.296.777 personas hayan salido del país; esta

cifra puede ser más alta, teniendo en cuenta que los países a los que llegan, no toman en

cuenta a venezolanos sin un estatus migratorio regular” (Plataforma de Coordinación para

Refugiados y Migrantes de Venezuela – R4V, 2019).

Según cifras oficiales, en Colombia “ya son 1’408.000 inmigrantes venezolanos, de los

cuales, un número de alrededor de 400.000 son colombianos retornados y casi 400.000

personas en tránsito al sur del continente” (Rodríguez, 2019); Solo 676,093 de ellos, se

encontrarían de forma regular en Colombia, según datos de La Plataforma Regional de

Coordinación Interagencial, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados -

ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones- OIM. En Medellín hay

cerca de 66.000 venezolanos, de los cuales 44.000 están regularizados (Villarroel, 2019).

En el marco del Seminario de Cultura Política, de la Maestría en Educación y Derechos

Humanos, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el Profesor German Darío

Valencia, nos deja la pregunta sobre los efectos que trae esta migración de venezolanos, a

la Cultura Política, de los habitantes de Medellín.

En atención a esta invitación a reflexionar y analizar este fenómeno social, en este ensayo,

me propongo primero dar una aproximación teórica sobre la Cultura Política y la

perspectiva de la que partiré, para luego plantear mi respuesta, que en parte se inspira en la

conferencia que dio el pasado jueves, el psicólogo cognitivo de la Universidad de Harvard,

Steven Pinker, invitado a la ciudad por motivo de la celebración de los 65 años de

Comfama, dónde por medio de datos y mediciones, nos invitó al optimismo.

Adicional a lo anterior, me pondré el sobrero amarillo que propone Edward de Bono en su

técnica de “Los Sombreros de Colores para pensar”, para mostrar algunas oportunidades

que tenemos en términos de cultura política, si aprendemos de esta situación y de los

venezolanos, que viven una de las diásporas más grandes de la historia de la Humanidad, de

la cual según las cifras mencionadas, “Antioquia es el quinto departamento del país que

más habitantes del vecino país ha recibido y Medellín la ciudad con mayor oferta y

cobertura para esta población en salud, educación y empleo formal” (López, 2019).

Empiezo entonces, por enmarcar el concepto de cultura política, que el Profesor German

Darío Valencia, resume como “Experiencia histórica colectiva”.

La Cultura política como categoría de estudio en las ciencias sociales y políticas, surge

como tal, bajo un macromolde empírico-analítico ligado al conductismo y al enfoque

psicosocial, que buscaba “penetrar en el santuario interior del actor político, con un rigor y

una metodología previamente validada” (Losada y Casas, 2008, Pág. 82). Los aportes de

Amond y Verba, aunque se mantienen en este macromolde, tienden puentes con el

macromolde hermenéutico, y son considerados de enfoque estructural-funcionalista,

sistémico o culturalista; estos pensadores, presentan la cultura política como “una variable

independiente, que permite explicar las características de diversas democracias y las pautas

de comportamiento de los ciudadanos en cada una de éstas” (Botella, 1997, pág. 20).

Según Amond y Verba, este conjunto de pautas, se puede considerar en tres dimensiones: la

temporal (con la durabilidad como principal atributo), la horizontal (omnicomprensividad,

que abarca a toda la sociedad) y la vertical (estructuración, subculturas con rasgos

específicos), (Botella, 1997, pág. 36). Nos ocuparemos básicamente, del análisis horizontal

de los cambios que se están evidenciando con la creciente migración de venezolanos, en las

pautas y orientaciones de los habitantes de la ciudad, en relación a los conocimientos,

sentimientos y valoraciones, que se tienen frente al sistema político.

Poniéndonos entonces el sombrero amarillo, el sombrero de la esperanza, que en la técnica

para enfocar el pensamiento que propone De Bono, invita a pensar en los aspectos

positivos, en este caso de los efectos de la migración venezolana en nuestra cultura política,

y pensando en esa reflexión que nos deja Pinker esta semana, de que, aunque el mundo

tiene problemas, tenemos todos los recursos y capacidades para superarlos; se podrían

destacar entonces, tres aprendizajes muy valiosos que se están generando con esta

situación.

Un primer aprendizaje: el de darle mayor importancia a los asuntos políticos, el cual se

traduce en un despertar del interés por la política, por parte de muchas personas a quienes

no les interesaban estos temas; entendiendo lo político, desde una “combinación de sus

dimensiones de conflicto y poder” (Warren, 2003, pág. 32); que no se limita a las relaciones

con autoridades institucionales, sino que trasciende también a otras relaciones con el poder

cultural, económico y coercitivo.

Con las herramientas que hoy tenemos para ver lo que pasa en otros países y ver además la

trágica realidad de tantas familias venezolanas, sin tener que salir de nuestra cuadra, se

toma mayor conciencia de lo importantes que son los políticos, quienes toman decisiones

trascendentales que nos afectan e influyen en nuestra vida. En este sentido, esto podría

disminuir los niveles de abstención, como ha venido sucediendo en las últimas elecciones,

donde pasamos de 60,7% en las elecciones presidenciales de primera vuelta en 2014, a

46,62% en estas mismas elecciones en 2018, es decir, “disminuyó en 14 puntos

porcentuales, convirtiéndose en la más baja desde 1974” (Rueda, 2018). En Medellín, el

ranking de participación en las elecciones presidenciales ha venido creciendo, pasó de

49,57%, (De un total de potenciales sufragantes de 1.412.495) en primera vuelta del 2014, a

63,59% (De un total de potenciales sufragantes de 1.588.150) en primera vuelta el año

pasado.

Ligado a lo anterior, algo que es muy importante, es que cada vez más las personas se

interesan por votar bien, es decir, votar de forma más consiente e informada; la gente se

está preguntando por las consecuencias que traería la elección de determinado candidato o

partido político, según sus valores, intereses y prioridades programáticas.

Mejora por tanto, la orientación cognoscitiva y valorativa, es decir el interés por conocer

los derechos y mecanismos de participación, crece el interés por conocer las propuestas de

los candidatos y candidatas y crece la tendencia Participante, que se caracteriza por “que

los miembros de la sociedad tienden a estar explícitamente orientados hacia el sistema

político como un todo y hacia sus estructuras y procesos políticos y administrativos”

(Almond y Verba, 1992, Pág. 184).

Un segundo aprendizaje que quiero rescatar, es uno al que estamos llamados a fomentar,

sobre todo, quienes hacemos parte de la academia. Y es que la situación actual, es una

buena oportunidad, para hacer pedagogía, sobre aspectos esenciales de economía y política

y para ayudar a comprender las grandes diferencias ideológicas de los diversos

movimientos políticos, entre los que se encuentran, los sectores de la izquierda colombiana,

que ha sido estigmatizada, muchas veces sin fundamentos.

El hecho de que el término “Castro-Chavismo”, se haya popularizado y ayudado a la

derecha y a la extrema derecha a ganar el Plebiscito del 2016 y las elecciones

presidenciales del 2018, da cuenta de las deficiencias que tenemos en educación, en

formación ciudadana y en lo que John Rawls, llamo el uso de la “razón pública”, para que a

la hora de discutir asuntos públicos, lo hagamos sin prejuicios y evitando caer en

irracionalidades.

En ese sentido, la labor que realizan el sistema educativo, la academia, los medios de

comunicación y diferentes organizaciones y colectivos en formar a la ciudadanía, es

trascendental, para evitar que se siga manipulando al electorado y para crecer en cultura

política, aumentando así, las posibilidades de que vigoricemos nuestros valores

democráticos, siendo parte activa de la política e implicándonos en ella, pero también,

creciendo en otros aspectos más internos, donde “influyen otras actitudes no políticas,

como la confianza en otras personas” (Almond y Verba, 1992, Pág. 194).

Las redes sociales, por ejemplo, se han convertido en canales importantes para hacer

pedagogía al respecto y para promover valores democráticos, como el pluralismo; los

videos de YouTube que ha publicado “La Pulla”, del Espectador, sobre este tema, han sido

claves para sensibilizar y explicarle a la gente elementos fundamentales que les ayuden a

entender la situación y para que no se dejen engañar con la idea de que nos podemos

convertir como Venezuela si llega al poder algún sector de izquierda o centro-izquierda.

Por ejemplo, el vídeo “Se nos vino el Castrochavismo” publicado en febrero del año

pasado, ya cuenta con más de 1.200.000, reproducciones en el Canal de “La Pulla”, que

tiene en la actualidad más de 791.000 suscritos.

De otro lado, un tercer aprendizaje que nos esta dejando este fenómeno migratorio, tiene

que ver con que estamos viendo la importancia de unirnos para fomentar valores como la

solidaridad, la cooperación, la compasión, el respeto por la diferencia y sobre todo la

empatía. Despertar estos sentimientos, no solo repercutirá favorablemente en las

orientaciones hacia una cultura política más incluyente, sino que además permite mayores

escenarios y alternativas de garantía y protección de los Derechos Humanos, es decir,

construye una conciencia social de defensa de los derechos en la ciudad.

Este aprendizaje, se une además con otro tema, y es la gran oportunidad que tenemos de

enriquecernos con la inclusión de estas personas que vienen con otros paradigmas,

perspectivas, tradiciones y hábitos, que pueden aportar al progreso y desarrollo de la ciudad

y el país; ayudándonos a avanzar también en Capital social, si logramos integrarlos y

fortalecer “los grupos y redes; la confianza y la solidaridad; la acción colectiva; la cohesión

social; la información y la comunicación; y el empoderamiento y participación política”

(Restrepo, 2008, Pág. 4).

En Medellín, desde organizaciones como la Corporación Otra Parte, la Corporación Región

y la misma Caja de Compensación Familiar, Comfama, se ha venido trabajando por

estimular estos valores de solidaridad y empatía por parte de los ciudadanos, para con los

migrantes venezolanos, en articulación con la Corporación Colonia de venezolanos en

Colombia (Colvenz) y con Emprecolven; realizando actividades y campañas como “Abraza

a un venezolano” (El Derecho a no obedecer, 2018) y las Ferias de Empleo para

venezolanos en Medellín. Con estas iniciativas, se fortalece además la integración y la

movilización social, las cuales son vitales para la cultura política, ya que estas formas de

“asociaciones cívicas, por ejemplo, refuerzan los «hábitos anímicos» que son esenciales

para unas instituciones democráticas estables y eficaces” (Putnam, 2011, pág. 44).

Para concluir, como lo decía Steven Pinker esta semana: hemos progresado como

humanidad, gracias a la ciencia, la razón, el humanismo y la democracia, así que, si se

analizan bien los diferentes indicadores de bienestar global, las tendencias a futuro son

positivas. Por tanto, si bien tenemos grandes retos con la llegada de tantas familias

venezolanas, también tenemos grandes oportunidades de superarlos, de aprender, dar lo

mejor de nosotros y avanzar juntos como sociedad.

Los aprendizajes en términos de cultura política con la llegada masiva de venezolanos,

están por un lado ligados a reconocer que las decisiones políticas que se toman individual o

colectivamente, impactan en nuestra vida, por lo que se nos convoca a aprender de estas

experiencias, a seguir madurando y mejorando en cultura política, para no repetir los

mismos errores; pero también, por otro lado, son aprendizajes ligados a aprovechar esta

coyuntura para seguir floreciendo y creciendo en valores democráticos, y para seguir

sensibilizando y formando a la ciudadanía, como lo han venido haciendo diferentes

personas y organizaciones, con el fin de evitar que la extrema derecha se aproveche de la

desinformación y el miedo de los colombianos y con el fin de cultivar una cultura de

protección de derechos en la ciudad.

Se aprende también, a pensar en el otro, a ser conscientes de que todo está en constante

cambio, y la vida da muchas vueltas, hace unas décadas, eran los colombianos quieres

migraban a Venezuela, hoy los recibimos y depende de nosotros su inclusión, para construir

tejido social con ellos y crecer en capital social.

Nos queda también, el llamado a pensar en cómo contrarrestar los discursos de odio y de

rechazo hacia los migrantes y cómo hacer pedagogía política, para que algunos sectores

políticos radicales, no se aprovechen de este fenómeno, en especial, encostalando sin

ningún sustento real, a todos los sectores de izquierda y centro izquierda colombianos,

como seguidores del Régimen de Maduro o del “castro-chavismo”, solo con el fin de

manipular al Pueblo y conseguir sus triunfos electorales.

Devoluciones del profe:

Jorge, veo un texto claro, que tiene todos los componentes de un ensayo. Además, se apoya en la literatura y logra poner en diálogo conceptos y desarrollo. Esto es positivo. El trabajo muestra una comprensión de los conceptos y la manera como se articulan con el fenómeno estudiado. Además, desde el título hasta las conclusiones se observa un hilo conductor que son los aprendizajes. Y presenta datos que describen un fenómeno y lo hace de una forma amena y narrada. Me gusta eso.

El comentario crítico es que, a pesar de todos los argumentos, el lector le queda poco claro los efectos que tiene los migrantes en la cultura política. El hecho de aparecer varias anécdotas, varios autores, y varios temas en el ensayo, hace que se pierda claridad en lo que se busca. Son muchos los asuntos tratados y van apareciendo sin un hilo conductor. Es necesario Jorge, para un próximo ensayo, que ponga claro su postura, que enuncie los argumentos y que después los desarrolle, para finalmente concluir. Es necesario mayor precisión argumental, que haga que su posición personal esta defendida con argumentos y no solamente enunciada en lo teórico y en la opinión.

Les he asignado una nota de 4.2

 

De nuevo muchas gracias por todos sus esfuerzos y espero pronto volver a verlo y compartir nuestros avances en estos temas.

 

Germán Darío Valencia Agudelo

 

Bibliografía

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Ramón (2003). Teoría Política: poder, moral, democracia. Madrid: Alianza Editorial, pp.

21-48.

¿Quién es una persona defensora de Derechos Humanos?

De acuerdo con Hina Jilanila, Relatora Especial de las Naciones Unidas Sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, una persona defensora de Derechos Humanos es cualquier persona que eduque, vigile o denuncie la protección de derechos humanos debe ser considerada como defensora de derechos humanos. No importa si ese es su trabajo o si lo hace en su tiempo libre. No importa si son parte de sus funciones como funcionario público, ni si su labor se centra en derechos civiles y políticos o en derechos  económicos, sociales y culturales. Lo único que importa es que si toma o no acciones para educar, vigilar o denunciar la protección de derechos humanos. Así que probablemente tu eres una persona defensora de derechos humanos.

La condición como persona defensora de derechos humanos no es permanente. Se tiene mientras que se cumplan con esta labor.

Los Estados deben tomar medidas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor. Esto implica no impedirles directa o indirectamente su trabajo así como también investigar y castigar cuando son víctimas de amenazas o violencia.

Gracias UNAULA! Les comparto mi logro de ser Magister

 Me gradué de magister en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana💫✌️🌿🔥

Muchas gracias @Unaula Al Comité Curricular de la maestría por la oportunidad que me dieron con el programa de apoyos económicos.
Gracias a mí asesora de investigación, la Dra. Angela María Urrego, a mi familia, a las #mujerescannábicas que participaron en mí estudio, a mis amigxs y compañerxs con quienes viví este proceso de tantos altibajos y desafíos, con pandemia y estallido social incluido. Gracias.

Vulneraciones a los DDHH asociadas a las políticas de drogas, tomadas del Informe 2023 de Amnistía Internacional

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU traicionó a las incontables víctimas de la “guerra contra las drogas” de Filipinas al no renovar el mandato dela OACNUDH para monitorear la situación, pese al preocupante aumento de los homicidios policiales en operaciones contra la droga a lo largo del año (p. 48). Arabia Saudí reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas después de una moratoria no oficial de dos años (p.73). En AZERBAIYÁN Al menos seis activistas críticos con el gobierno —que habían sido devueltos a

Azerbaiyán después de que Alemania rechazara sus solicitudes de asilo— fueron detenidos por cargos relacionados con drogas, que parecían ser falsos, y procesados en causas distintas. El proceso de revisión constitucional concluyó que Botsuana apoyaba en gran medida la pena de muerte e incluso quería ampliar su uso; el proceso recomendó que se ampliar a el número de delitos castigados con la muerte, incluidos los relacionados con las drogas  (p. 122). La lógica y la aplicación de la “guerra contra las drogas” que había regido las políticas de

seguridad pública de Brasil durante decenios seguían alimentando el ciclo de violencia y

homicidios cometidos por la policía en el país. (125). Durante la pandemia en Corea del Norte detenciones se llevaban a cabo por violaciones de las medidas de cuarentena como intentos de contrabando, rupturas del

aislamiento y viajes transfronterizos, así como por consumo de drogas, prácticas religiosas —ya que las autoridades no toleraban ningún sistema de creencias alternativo— y acceso a información del exterior del país (p. 165). En Filipinas Continuaron los homicidios ilegítimos en la “guerra contra las drogas”, y se mantuvo

arraigada la impunidad por miles de homicidios cometidos en el pasado. Se intensificó la represión de la disidencia y se restringió aún más la libertad de expresión, al tiempo que defensores y defensoras de

los derechos humanos, periodistas y personas que ejercían el activismo político, entre otras, eran víctimas de homicidios ilegítimos y de detenciones y reclusiones arbitrarias. Las autoridades bloquearon sitios web y ordenaron el cierre de medios de comunicación independientes. En las elecciones de mayo resultó elegido

presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (hijo del expresidente Marcos), quien continuó la “guerra contra las drogas”, iniciada en 2016 y vinculada a violaciones graves de derechos humanos (p. 206). en Iran Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos por delitos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas (p. 254). En Malasia En octubre, el gobierno presentó ante el

Parlamento una reforma legislativa para abolir la pena de muerte preceptiva para los delitos de drogas y otros 10 delitos más, pero propuso como alternativa castigos crueles e inhumanos, tales como la flagelación. Los proyectos de ley en cuestión no progresaron debido a las elecciones. (p. 304). En Singapur Se reanudaron las ejecuciones, suspendidas desde noviembre de 2019. La ejecución en abril por delitos relacionados con las drogasde Nagaenthran Dharmalingam, ciudadano malasio con diagnóstico de discapacidad intelectual, provocó la indignación pública (p. 404).

Informe completo en https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/5670/2023/es/

¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

 ¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

Por: Jorge David Vallejo Gómez

“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”. Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión del 7 de agosto del 2022, marcó lo que sería la orientación del nuevo gobierno en materia de drogas, la cual apunta a cambiar el paradigma prohibicionista, de la fracasada guerra contra las drogas, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos, enfoques que coinciden con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz con las FARC.

En este sentido, los cambios que el Gobierno emprenda requerirán de la articulación armónica de los tres poderes públicos, y un primer desafío a largo plazo, será lograr que tanto la sociedad civil como nuestras instituciones, desmonten los sesgos, prejuicios y estigmas alrededor de estos asuntos, para que sean abordados desde la evidencia y el entendimiento de que la prevención llega hasta cierto punto, pues estas sustancias siempre acompañaran al ser humano, por lo que el enfoque de reducción de riesgos y daños, se constituye en una herramienta clave para convivir con ellas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, articuladas en la denominada “Coalición Acciones por el cambio”, han hecho valiosos aportes en el marco de la oportunidad política que se presenta con el nuevo gobierno. Uno de los últimos fue un memorando, en el que coinciden con varias de las recomendaciones señaladas en el Informe Final de la Comisión de la verdad, quien expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y degradación del conflicto armado colombiano. Entre las propuestas realizadas, se indica que es necesario retomar el liderazgo regional frente a la reforma a las políticas de drogas a nivel global; garantizar estrategias coherentes de comunicación y espacios de educación y gestión de conocimiento e investigación; y realizar reestructuraciones institucionales, en la fuerza pública y en la política criminal. Igualmente, se ha hablado de la importancia de comprender y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos del prohibicionismo y el narcotráfico, y esto pasa por reconocer y escuchar a los diferentes actores, e incentivar el diálogo con las personas y comunidades, de manera que puedan compartir sus vivencias y contribuir para que estos impactos sean atendidos, superados y reparados.

Por otra parte, se hace necesario reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles, con lo cual se pueda por ejemplo implementar el Plan Decenal de Salud Publica 2022-2031, y que con esto se amplíen estrategias de reducción de riesgos y daños, se aporte información veraz y actualizada, se construyan protocolos de trazabilidad, guías y sistemas de alerta temprana integrando información de los servicios de análisis de sustancias, todo esto garantizando un enfoque de género y estándares de calidad y transparencia para el control ciudadano. Así mismo, es importante que se garantice mayor acceso a medicamentos para el dolor de pacientes que demandan cuidados paliativos, lo que implica eliminar trabas normativas nacionales e internacionales.

Por consiguiente, se requiere desde el ejecutivo hacer ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilegalizadas, que esperemos acojan además como principio la garantía del Derecho a la ciudad, como derecho colectivo emergente, que reivindica una apuesta interseccional por el derecho a la participación ciudadana, el disfrute de los espacios públicos y el respeto por la diversidad sociocultural y la equidad de género en las ciudades, pueblos y asentamientos.

De acuerdo con el informe de posición sobre Colombia de la Comisión Global de Políticas de Drogas, la regulación de todas las drogas, empezando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y amapola, le permitiría a Colombia avanzar en la consolidación de la paz, aumentando las oportunidades del campesinado y fortaleciendo el tejido social y la presencia estatal en los territorios. Por tanto, para el logro de estos cambios, será clave que se siga consolidando la alianza interpartidista de congresistas comprometidos/as con la transformación en las políticas de drogas. El primer reto que están enfrentado es conciliar las distintas iniciativas, para unificarlas y agrupar fuerzas, así como se ha hecho con el proyecto de Ley Estatutaria 091 (Sobre reducción de riesgos y daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas) y con el proyecto de acto legislativo para reformar el Artículo 49 de la Constitución, con el cual se busca permitir la regulación del cannabis para uso adulto o recreativo, solucionando de esta forma muchas contradicciones jurídicas al estar actualmente despenalizado su consumo mínimo y de aprovisionamiento, pero no su producción, porte y comercialización. De tal manera que, logrado este cambio constitucional, se abriría la puerta para construir nuestro propio modelo de regulación, en el cual se debe encontrar un balance que permita que los precios logren desplazar al mercado ilícito, pero además se garantice la incorporación y el cumplimiento de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal del cannabis de uso adulto. El Congreso también tiene el reto de seguir citando a audiencias públicas para lograr el respaldo ciudadano en estos debates y otras reformas que se requieren como la del Estatuto Nacional de Estupefacientes, el código penal, el código de procedimiento penal, la ley de extinción de dominio, entre otras.

Entre tanto, las Altas Cortes deben estar preparadas para el activismo judicial, en la medida en que iniciativas reaccionarias y regresivas vayan apareciendo. De igual forma es importante que continúe el desarrollo de jurisprudencia relacionada con el autoabastecimiento o aprovisionamiento individual y colectivo de sustancias psicoactivas ilegalizadas; se apliquen beneficios administrativos y penitenciarios, medidas de reinserción social y salud, a personas condenadas por delitos menores asociados con drogas, sobre todo a mujeres, atendiendo al principio de proporcionalidad según la gravedad del delito y racionalizando la acción penal con resultados enfocados en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. También es necesario seguir poniendo sobre la mesa la pregunta sobre qué tanto nos beneficia la extradición de narcotraficantes, pues debe ser prioritario garantizar la verdad y la reparación a las víctimas colombianas, quienes además, según se expone en el memorando, deben ser convocadas para definir el concepto de persona y/o comunidad afectada por la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y para definir los nuevos criterios de acceso a bienes incautados.

Liderar el debate mundial sobre la guerra contra las drogas: Uno de los llamados que hace la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

 

Liderar el debate mundial sobre la guerra contra las drogas: Uno de los llamados que hace la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

Por: Jorge David Vallejo

 

“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política

contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de

prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas.

Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte

que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente”.

Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión el pasado 7 de agosto, marca la orientación que mantendrá el nuevo gobierno frente a la política de drogas. Tanto Petro, como la Vicepresidenta Francia Márquez fueron claros en su programa de gobierno y los debates en los que participaron, con esta nueva visión que apunta a cambiar el paradigma prohibicionista que impera a nivel global, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos.

Aunque no ha pasado una semana desde este suceso histórico en el que se releva el poder por primera vez a un líder de izquierda de nuestro pais, se evidencia claramente una intención genuina por divulgar los hallazgos y acatar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (Comisión de la Verdad). Así lo demuestran iniciativas como las que se pretenden: de difundir y promover conversaciones entorno al legado de la Comisión, en centros educativos, medios de comunicación y diversos escenarios públicos; retomar el dialogo con el Ejército de Liberación Nacional – ELN; o la iniciativa de reestructurar la fuerza pública, sacando la policía del Ministerio de Defensa y creando el Ministerio para la Paz y la Reconciliación para que remplace al Ministerio de Defensa.

Tal parece que los esfuerzos de estos primeros días se han enfocado en la búsqueda de la llamada “Paz Total” acudiendo a la convocatoria a la ”Paz grade” hecha por la Comisión. Lo anterior, ha suscitado unas nuevas discusiones alrededor del tema del sometimiento, que debido a las posibilidades que habrá de negociar, ahora es denominado “acogimiento” a la justicia, de todos los Grupos Armados Organizados, más allá del ELN, que participan actualmente en hostilidades y amenazan la tranquilidad de las comunidades en los territorios.

A diferencia del ELN, que nació bajo unas causas políticas y ha tenido periodos en su historia, en los cuales incluso ha buscado alejarse del mercado de las drogas, estos otros grupos criminales, en su mayoría tienen un interés únicamente de lucro, pues se financian a partir de la extorsión, la explotación ilícita de minerales, el narcotráfico de drogas ilegalizadas, entre otros delitos. Probablemente por buscar soluciones rápidas a la escalada de violencia, las masacres y el asesinato a líderes sociales y ambientales, el nuevo gobierno se la está jugando por poner como prioridad un asunto que debe ser manejado con pinzas y sensatez, entre otras cosas porque si no se avanza en las discusiones alrededor de las políticas antidrogas a nivel nacional y global, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en un círculo vicioso con nuevas estructuras delincuenciales y residuales que seguirán impidiendo la tan anhelada paz en el pais.

Tal como lo ha señalado el profesor Santiago Tobón, si no se abre un camino hacia la regulación de las drogas, empezando por el cannabis y la cocaína, el proceso de negociación para alcanzar la paz total será asimétrico, pues estos grupos cuentan no solo con control territorial sino también con el conocimiento del negocio, sus rutas y el manejo de las operaciones de lavado de activos. A diferencia del Gobierno que estará en desventaja en cuanto a la conducción de un negocio por reglamentar y acoger como monopolio que hoy está en otras manos.

Es decir que, poco serviría conceder beneficios penales a estos grupos a cambio de su desmovilización, si continua el enfoque prohibicionista, que parte de la utopía de vivir en un mundo sin drogas. Pues algunos cabecillas y la mayoría en los rangos medios y bajos, no estarían tan estimulados y prestos a dejar el narcotráfico, pues su demanda a nivel global es altísima y con jugosas ganancias.

De ahí que la Comisión de la verdad, no solo expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y protagonista en el conflicto armado colombiano, sino que además hace un llamado al liderazgo en el debate mundial sobre la guerra contra las drogas. Una discusión que fundamentalmente debe ser participativa, con incidencia de organizaciones civiles nacionales e internacionales, y con representantes de pueblos étnicos y campesinos, universidades y expertos/as.

Asimismo, la Comisión hace importantes recomendaciones para que en el marco de este debate, se garanticen espacios de interlocución y concertación lideradas por las autoridades territoriales, frente al diseño, la implementación y el seguimiento de la política de drogas en los territorios, haciendo énfasis en que estos espacios también deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regulación. Igualmente, propone crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales, sociales, culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista, y las diferentes formas para atenderlos y superarlos. Lo cual, luego implicará hacer los ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas, basadas la reducción de daños y desde un enfoque de derechos humanos, de género y diferencial.

En definitiva, es esperanzador y llena de optimismo, ver la sintonía del nuevo Gobierno con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Será clave que los discursos se logren materializar, que por lo menos se sienten las bases de las transformaciones que nuestro pais requiere. Pero por el afán de mostrar resultados, en este caso en materia de seguridad, no se puede descuidar el desafío que tenemos de desmontar el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, una tarea para la cual es urgente perseverar en una discusión de orden internacional, pues solo este diálogo permitirá un cambio de chip, que empieza por reconocer que es ilógico pensar en un mundo sin drogas, por lo cual debemos aprender a convivir con ellas disminuyendo sus males y haciendo un mundo más libre, justo y pacífico.

 

Tres retos y sus actores en materia de seguridad y derechos humanos para próximo gobierno

 

En materia de seguridad y derechos humanos, considero que el principal reto que tendra el próximo gobierno nacional (2022-2026), será la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente en el punto 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas). Avanzar hacia la regulación de sustancias psicoactivas como la cocaína y la marihuana para uso recreativo. El país no aguanta más seguir con el mismo enfoque prohibicionista, se debe promover una discusión alrededor de este tema, bajo un enfoque de género y diferencial, que ponga en el centro a las comunidades, cultivadores y usuarios. En segundo lugar, la reforma policial, de la mano con las reformas en las políticas de drogas. Fortalecer los planes de seguridad, los cuales deben propiciar una perspectiva de seguridad humana, la formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y enfoque de género e interseccional a la Fuerza Pública, y su re-estructuración debe darse bajo la participación de diversos sectores sociales y garantizando una deliberación pública efectiva. En tercer lugar, proponerle al país una reforma a la justicia que realmente aporte a la solución de las dificultades de acceso y garantía a una administración de justicia sólida y de calidad. Disminuir los altos niveles de impunidad y corrupción enmarcados en nuestro sistema de justicia y político. Esta reforma debe pasar además por la implementación del punto 5 (Victimas) del acuerdo de paz y darle plenas garantías al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, enmarcado en el Sistema Integral de Justicia, verdad, reparación y no repetición, creado en los acuerdos, y en el cual la Comisión de la Verdad estará, por ejemplo, presentando su Informe que deberá ser apoyado y promovido igualmente por el Gobierno.

 

 

Fundamental la articulación con las administraciones municipales. El trabajo mancomunado con el Congreso de la Republica, los organismos de control y derechos humanos como las Personerías y la Defensoría del Pueblo.  El dialogo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la JEP, al igual que con funcionarixs y Magistradxs de la Altas Cortes de las Jurisdicciones Constitucionales, Ordinaria y Contenciosa Administrativa. Por otro lado, es importante involucrar al Sector Académico, al Privado, a ONGs y a Organismos Internacionales de los Sistemas de Derechos Humanos. Para el reto uno destararía a actores como los Ministerios Involucrados con la Reforma Rural (Agricultura, Unidad de Tierras) y con las políticas de Drogas (Salud, Justicia, Defensa); al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); Indepaz. Para el reto dos, será importante además de contar con la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior, con la asesoría de organizaciones como Temblores, la ESAP, La Fundación Ideas para la Paz (FIP), la organización Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), y Washington Office on Latin America (WOLA) “Programa WOLA Colombia”. Y para el tercer reto, importante contar con la Asesoria de Facultades de Derecho de Universidades y entidades como DeJusticia, el Instituto Kroc, entre otras organizaciones de víctimas.

Principios rectores sobre derechos humanos y empresas: retos para el Posacuerdo Colombiano

 

Principios rectores sobre derechos humanos y empresas: retos para el Posacuerdo Colombiano

El estallido social que vive Colombia especialmente en las ciudades, se da entre otras razones por los incumplimientos y la poca voluntad política del Gobierno actual para implementar el Acuerdo final de Paz con las Farc. Los puntos uno de tierras y cuatro sobre drogas, se entrecruzan y requieren de una implementación paralela y articulada, pues la Reforma Rural Integral, es el soporte fundamental para que se dé un programa efectivo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Por eso estos dos asuntos van de la mano y al no avanzar en uno se retrasan también las metas en el otro.

Pese a que esta es una de las mayores exigencias que hace la sociedad civil que defiende la paz, la desconexión e indiferencia del Gobierno Nacional, parece no tener límites. El pasado 17 de junio, por orden del Gobierno fue hundido el único proyecto de ley de la legislatura, que apuntaba al cumplimiento de los compromisos del acuerdo, se trataba de la ley de Especialidad Jurídica Agraria, que permitiría resolver conflictos históricos asociados a la tierra, usar mecanismos alternativos para su resolución, fortalecer la presencia institucional por parte del Estado en zonas rurales; y garantizar los derechos fundamentales de la población rural, en especial el acceso a la justicia.

Por otro lado, en materia del punto 4, sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el Gobierno de Iván Duque ha tenido varios desaciertos y retrocesos. Comenzando su mandato, expidió el Decreto 1844 de 2018, que autorizaba a la policía a decomisar cualquier cantidad de sustancias psicoactivas portadas en el espacio público, vulnerando de esta forma el derecho a la dosis mínima. El Consejo de Estado condicionó estos artículos inconstitucionales, pero algunos miembros de la fuerza pública mantienen la persecución y criminalización hacia consumidores y cultivadores, los eslabones más débiles de este mercado.

Igualmente, no se han querido detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y se prepara el regreso de las aspersiones aéreas con glifosato, una estrategia que la Corte Constitucional restringió en el 2015 y luego condicionó en el 2017 por sus afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.

Según el Informe trimestral de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, a la fecha, solo se han completado 1.274 Obras del PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial); y de los 3 millones de hectáreas previstas en el Acuerdo, hasta ahora se han incorporado únicamente al Fondo de Tierras aproximadamente 1,2 millones, de los 6,65 millones de hectáreas despojadas y abandonadas por la fuerza en Colombia, de las cuales solo unas 100.000 se han entregado a cerca de 8.000 familias campesinas (ONU, 2021).

Cabe resaltar que, en el país se destinan a la ganadería 38, 6 millones de hectáreas y solo 4,9 millones de hectáreas a la agricultura, cuyo uso potencial podría ser de 21, 5 millones de hectáreas (Mondragón, 2013).

Esta concentración de la tierra y de la riqueza, evidencia como los modos de regulación desplegados a partir del modelo de desarrollo capitalista, determinan la configuración espacial, las disputas por el territorio y la perpetuación del régimen de acumulación, mercantilización y privatización (Harvey, 2004). De tal manera que se ponen en tensión no solo las posibilidades de avanzar en la implementación de los acuerdos de paz, sino además la garantía de los derechos humanos y la prevalencia del interés general, que exige la constitución, pues este modelo económico tiende a proteger por encima de todo, intereses privados, acuerdos de inversión y mercados globales.

 

Los derechos Humanos que quedan problematizados con el predominio del Modelo Capitalista y de acumulación.

Uno de los pilares fundamentales para la garantía de los derechos humanos es la democracia, pues ha sido en las sociedades modernas y democráticas, donde se han construido sistemas de protección a las minorías y donde se han reafirmado el conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Sin embargo, las dinámicas económicas globalizantes y de mundialización; y la penetración del modelo de desarrollo capitalista en todas las esferas sociales, ponen en cuestión la materialización de normas internacionales como el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que habla del disfrute de los derechos en una sociedad democrática, pues tal como lo plantea Harvey (2004) y Garay (2020), el capitalismo mantiene una relación intrínseca con el militarismo y para ello han activado la estrategia burocrática y propagandista del terrorismo global, el cual pone en juego los valores democráticos y las libertades en los países. Se presentan, por tanto, daños sustanciales a las instituciones democráticas internas y diversas expresiones de tiranía y represión.

En nuestro contexto, la alianza entre el modelo de desarrollo y el militarismo, se evidencia, por ejemplo, en el enfoque represivo y punitivo en la intervención sobre el asunto de las drogas. Las políticas antinarcóticos han sido además la única forma de relacionamiento del Estado en muchos territorios de Colombia.

En segundo lugar, hay tres derechos que están en grave amenaza bajo el capitalismo: el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a la salud. Frente a los dos primeros, han sido de los más desprotegidos con el crecimiento económico; el extractivismo y el neoextractivismo; el consumismo y la acumulación por desposesión, hasta el grado de que estamos en una urgencia climática y se advierte que pronto estaremos en un punto de no retorno frente al calentamiento global. Aunque el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, no aparecen en casi ningún instrumento de protección internacional; los Estados han avanzado en reconocerlos al interior de sus ordenamientos jurídicos.

En Colombia, el derecho al medio ambiente aparece en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, obligando al Estado a proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Con respecto al agua, se han dado en el país varias Sentencias que consagran el derecho al mínimo vital de agua como derecho fundamental. Y a nivel internacional se estableció en el artículo 14, numeral 1 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979; y en el artículo 24, numeral 2, literal C, de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

En relación al derecho a la salud y al medio ambiente, estos se encuentran en el Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966:

1.         Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

2.         Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

 b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente.

Ligado al derecho a la salud, se encuentra el derecho a la seguridad social, en el artículo 22 de la Declaración Universal de 1948 y en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador” de 1988. De acuerdo con Harvey (2004) y Garay (2020), desde una visión relacional del Estado, se evidencia como el modelo neoliberal, prioriza en garantizar la generación de plusvalía para las corporaciones multilaterales, afectando y mercantilizando este derecho, con fórmulas que se diseñaron enmarcadas en la competitividad privada y los fines de lucro.

La pandemia ha evidenciado como las políticas depredadoras y de desposesión del neoliberalismo, afectan enormemente el derecho a la salud. Ver los sistemas de salud colapsados y los gobiernos enfocados en estados de excepción para imponer el aislamiento social, demuestra nuevamente la relación intrínseca de este modelo económico con el autoritarismo, pues además gran parte de lo que debería ser inversión social se destina a la defensa y militarización de las ciudades y campos.

Son por tanto derechos que se han mercantilizado, bajo la premisa de la libertad de empresa, la seguridad y el orden, pero tal como lo plantea Harvey (2004) “el libre comercio no significa comercio justo” y ante las crisis en el sistema de salud público, los inversionistas privados buscarán siempre la forma de no perder su capital.

En tercer lugar, considero que el derecho al empleo, consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de 1948, y en el artículo 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador” de 1988, ha padecido los efectos de la globalización y del actual modelo económico imperante, pues haciendo un balance, en nuestra región y a nivel mundial, el panorama en materia de trabajo digno es preocupante y se anuncia que en unos años las cifras de desempleo aumentarán, debido a todos los trabajos que dejaran de existir con la llegada de la Revolución 4.0.

Por otro lado, la protección contra el desempleo no es garantizada en la mayoría de países. Las políticas neoliberales no acogen este tipo de iniciativas de rentas básicas universales o focalizadas, para las poblaciones más vulnerables. En relación a la remuneración, se tiende también a la desmejora de condiciones salariales, el pago por horas y el desmonte de prestaciones sociales.

Sumado a lo anterior, el derecho a la asociación sindical, ubicado en el artículo 23, numeral 4 de la Declaración Universal de 1948; el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el artículo 16 de la Convención Interamericana de derechos humanos de 1969; y el articulo 8 del "Protocolo de San Salvador” de 1988; es otro derecho que se ha visto quebrantado, pues el modelo neoliberal debilita la posibilidad de fundar sindicatos, desplegando estrategias de deslegitimación a las distintas asociaciones civiles y movimientos sociales y políticos; obstáculos que desincentivan la construcción y consolidación de estas organizaciones.

El derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y en el artículo 21 de la Convención Interamericana de derechos humanos de 1969, es otro de los derechos que más se problematiza en el sistema capitalista; pues la acumulación por desposesión, expresada en las disputas territoriales, intervenciones extractivas, gentrificaciones, reorganizaciones y reconstrucciones geográficas, amenazan los derechos de las comunidades, que se ven obligadas a desplazarse, vulnerando de esta forma su derecho al territorio. En esta misma línea se afecta el derecho a la Circulación y la residencia, expresado en el artículo 22 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969.

Finalmente, con el sistema capitalista, se han visto afectados también los derechos a la propiedad intelectual, a la educación y la cultura, consagrados en los artículos 22, 26 y 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de alguna manera se problematiza el artículo 26 de la Convención Interamericana de derechos humanos, que obliga a los Estados a adoptar normas para lograr progresivamente la efectividad de los derechos a la educación, la ciencia y la cultura. Tal como lo plantea Harvey (2004):

La mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual supone la total desposesión –la industria de la música se destaca por la apropiación y explotación de la cultura y la creatividad populares. La corporativización y privatización de activos previamente públicos (como las universidades), por no mencionar la ola de privatización del agua y otros ser vicios públicos que ha arrasado el mundo, constituye una nueva ola de cercamiento de los bienes comunes (p. 114).

 

Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, algunas luces y obstáculos para el contexto colombiano

Los artículos 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, establecen que todos los Estados tienen derecho a su libre autodeterminación y al desarrollo económico, social y cultural; pero debido a la Globalización las relaciones entre los Estados y los mercados se han hipercomplejizado al punto de generar unos quiebres que afectan la realización de los derechos humanos en los territorios nacionales y subnacionales subordinados al capital. Al interior de los Estados los modos de regulación y de producción, las escalas de intervención, las instituciones y organismos de operacionalización, entre otros factores, se ven influidos por intereses de transnacionales, que terminan definiendo los rumbos de los países.

Por tanto, se les impide a los Estados disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, se dan desequilibrios en cuanto al principio del beneficio recíproco y no hay mecanismos claros y eficaces para supervisar el cumplimiento de los derechos humanos.

Por otro lado, en estas tensiones y luchas por los derechos, se les ha indilgado a las empresas ciertas responsabilidades, que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se han venido concretando desde el 2005, a través de herramientas como los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos "proteger, respetar y remediar". Aunque aún no están en una Convención Internacional vinculante para los Estados y las empresas, se pueden vislumbrar algunas potencialidades y limitaciones en la realización de los derechos humanos, y para el caso Colombiano especialmente en relación con la implementación de los Acuerdos de la Habana.

Lo primero es decir que estos Principios Rectores deben entenderse como un todo coherente y ser interpretados, individual y colectivamente con el fin de que se mejoren las prácticas en relación con las empresas y los derechos, por eso resulta valioso que con apoyo de estos principios se ha configurado una corriente a favor de una mayor rendición de cuentas empresarial, lo cual ha puesto el tema de los derechos humanos en las agendas y develado las problemáticas y dificultades, a través de las denuncias de los daños y vulneraciones a los derechos que cometen las empresas.

De ahí que los Estados han venido estableciendo lineamientos, protocolos y normativas, que exigen a las empresas el cumplimiento de indicadores de calidad que respalden su compromiso y “responsabilidad social”; pero también se han promovido marcos internacionales con estándares y normas que de alguna manera intentan “domesticar, civilizar la economía global” (Campos, 2011, p. 57). Los grupos de trabajo y las visitas de organismos internacionales se convierten en actores claves para el monitoreo y rendición de cuentas, en cuanto al cumplimiento de los principios.

Por otro lado, de acuerdo con Campos (2011):

Exigir a las empresas respeto a los derechos humanos, y responsabilidades por su violación, supone participar en el proceso de desintegración del principio de soberanía, según el cual la instancia última del poder regulador legítimo reside en el estado y sus instituciones. La desintegración y redistribución de la soberanía en distintas instancias, debería ser parte fundamental de las demandas por una justicia distributiva universal y un orden político más democrático a nivel mundial, que reparta la responsabilidad política a lo largo de todas las instituciones que ejercen poder y afectan la vida de las personas, incluidos los estados y las empresas (p. 60).

En este sentido, no es descabellado pensar en que entes supranacionales tengan mayores maniobras de ejecución y que se les pueda atribuir también “responsabilidad política a los actores económicos que actúan a lo largo de los mercados transnacionales” (Campos, 2011, p. 61). Igualmente, hay una gran oportunidad en las estrategias que los movimientos sociales van adoptando para avanzar en la expansión de los derechos humanos en el ámbito de la justicia distributiva. Para eso ha sido clave resaltar las falencias del excesivo principio de soberanía y evidenciar con más fuerza el rol de las empresas y de otros actores políticos y económicos, como garantes y responsables de los derechos, pensando estratégicamente en nuevas “regulaciones e instancias supraestatales que vayan más allá de la fragmentación del mundo en distintas soberanías, al tiempo que atribuyan responsabilidad política a los actores económicos que actúan a lo largo de los mercados transnacionales” (Campos, 2011, p. 61). He allí la importancia de mantener y potenciar los principios de Proteger, Respetar y Remediar y generar estrategias de justicia social y mejor distribución de la soberanía.

El caso de Colombia se considera como un valioso caso de estudio, especialmente para las investigaciones que muestren la necesidad de crear reglas que obliguen a las empresas al respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y que, además, las comprometan con implementar planes de reparación en las comunidades y territorios donde se generan afectaciones (Campos, 2011). Los resultados de estas investigaciones serán de gran utilidad, pues ayudarán en la construcción de un sistema de evaluación que permita medir en los países productores, los avances frente a la implementación de los instrumentos que apoyen la debida diligencia (Soledad, 2019). Con la implementación de los Acuerdos de la Habana, especialmente en el punto de tierras, se podrá también evaluar el rol que asumirá el sector privado e industrial en todo lo relacionado con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, las rutas de estabilización y especialmente con la explotación de minerales e hidrocarburos.

En cuanto a las limitaciones, aunque se han dado importantes avances, aun no se ha logrado la aprobación de un tratado internacional vinculante en la materia, “que eliminen los riesgos de violaciones de los derechos humanos y detengan el impacto de sus operaciones sobre la destrucción del medio ambiente” (Soledad, 2019, p. 13). Es urgente dar un paso hacia adelante y llevar estos principios de un enfoque de voluntariedad, a un enfoque más coercitivo y eficaz, que vincule realmente a las Empresas, Estados y organismos internacionales.

Al mismo tiempo, de acuerdo con Soledad (2019) es necesario en términos de monitoreo, destinar finanzas para un informe independiente desde la sociedad civil sobre la facilitación de la implementación de la Guía de diligencia debida de la OCDE para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas de conflicto y de alto riesgo” (p. 58). Además, no se ha incluido en la política de monitoreo de la regulación, un análisis de contexto participativo, sobre aspectos mineros, de conflicto, territoriales y de protección al medio ambiente, en las auditorías establecidas en el proceso de debida diligencia, lo cual afecta a estos sectores y el cumplimiento de los principios.

También, se evidencian retrasos en el cumplimiento de las metas a las que aspiraban los principios, falta mayor apoyo a la formalización de los pequeños productores; establecer programas en colaboración con las empresas importadoras; mejorar los sistemas que aseguren que el costo de certificaciones sea distribuido, por todos los actores en la cadena de suministro, y no solamente asumido por los mineros artesanales; y destinar mayores recursos para el desarrollo de proyectos piloto de implementación del reglamento de debida diligencia (Soledad, 2019).

De otro lado, como se dijo anteriormente, el principio de soberanía estatal ha sido una gran limitante, pues influye en la imposibilidad de hacer cumplir los derechos humanos en muchos países.

No es posible llevar hasta sus últimas consecuencias la reclamación de unos derechos humanos universales sin poner en cuestión o limitar profundamente otros principios que articulan hoy las relaciones internacionales, como es la soberanía del estado. Dejar a los estados la principal responsabilidad en la realización de unos derechos que se quieren universales, y que al mismo tiempo pueden ser violados por actores que en sus actividades atraviesan las fronteras, es la fuente principal de su falta de realización en muchos lugares del mundo (Campos,2004, p. 61).

Otra limitación que se plantea es que “los activistas no encuentran ya el apoyo decidido de los gobiernos del antes llamado Tercer Mundo, que durante los años setenta estuvieron al frente de las exigencias por una mayor regulación de las empresas transnacionales” Campos, 2004, p. 52). Por el contrario, hoy en día están más preocupados por atraer inversiones extranjeras, que por proteger los derechos humanos y comprometer a las empresas con su respeto y promoción. Algunos gobiernos incluso se han perpetuado en el poder y eso ha desdibujado sus luchas y cambiado sus visiones.

Como lo explica Campos (2011) “en muchos estados postcoloniales los recursos que los gobiernos obtienen de su participación en la economía mundial a través de estas empresas, les libran de entrar en pactos sociales con su propia población, y llevar a cabo políticas en beneficio de la misma” (p. 58). De tal forma que, las corporaciones y demás aliados empresariales ayudan a mantener en el poder a estos gobiernos autoritarios y represivos y se benefician con las condiciones contractuales y la poca intervención estatal para exigir practicas económicas justas y sostenibles.

Estas empresas se benefician tanto de un mercado desregulado, como del hecho de la fragmentación del mundo en distintos Estados que reclaman soberanía. Así mismo, las transnacionales se aprovechan participando en un “arbitraje regulativo”, con el cual “estimulan la licitación competitiva para sus inversiones móviles jugando a enfrentar a un Estado contra otro, en la medida en que los Estados se esfuerzan por ofrecer más que sus rivales para captar o retener las actividades de las empresas transnacionales” (Dicken, 2003, citado por Campos, 2011). De manera que, “la confluencia de intereses, entre los ocupantes del Estado y las empresas transnacionales, está por tanto detrás, en no pocas ocasiones, de la violación de los derechos humanos de las personas” (Campos, 2011, p. 58).

 

A manera de cierre

La implementación de los Acuerdos de Paz en Colombia, abren un amplio campo de transformación y de impulso para redefinir la relación sector privado - sector público – sector social. El punto de tierras, de los más complejos de negociar y el más necesario de ejecutar, implica seguir poniendo en la agenda la materialización de los instrumentos de protección de derechos humanos y sacar adelante la Convención sobre los principios rectores de las empresas en materia de derechos humanos. Implica además que se continúe el debate sobre la regulación del mercado de las drogas y especialmente en el marco de nuestro conflicto, de la hoja de coca y sus derivados y del cannabis para uso recreativo. Allí también las empresas podrán jugar un papel importante y aunque resulte muy complejo, tocara llamar a los narcos y a todos los eslabones de la cadena a esta discusión.

Se encuentran en riesgo derechos que paradójicamente sirven a los gobiernos y corporaciones como eslogan y discurso monopolizador, para mantener a pesar de su crisis, un modelo de desarrollo y unos modos de regulación que acrecientan la desigualdad y la pobreza en el mundo. Es clave entonces que este sistema que al parecer no soporta más, de un viraje hacia una economía más humana (OXFAM, 2017).

La democracia, las libertades civiles, el derecho a la propiedad privada, pero también el derecho a la salud, al empleo, al medio ambiente sano, al agua y al territorio, son algunos de esos derechos que se problematizaron en este breve texto. Sin duda la incorporación e implementación de estos principios rectores permitirán que se ajusten desbalances que ha generado este modelo y se garanticen estos derechos, entendiendo que los derechos humanos sí pueden estar en armonía con los derechos económicos y de propiedad y con un modelo de desarrollo que sea justo, equitativo y verdaderamente sostenible.

El caso Colombiano es sin duda una valiosa oportunidad para estudiar la aplicación de estos principios rectores cuando el Tratado vinculante sea una realidad. El monitoreo paralelo que se dé a su cumplimiento ayudará también a evaluar la implementación de los Acuerdos de Paz con las FARC y otras políticas públicas como la ley 1776 de 2016, ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres); con lo cual se evidenciará la tensión que se produce entre el cumplimiento de los derechos humanos y los intereses privados, de inversión y de las transnacionales; los debates por reivindicar el derecho al territorio y las reservas campesinas; y las contradicciones de un modelo de desarrollo acumulativo y neoliberal que ponen al campesino no precisamente como empresario o productor, sino como asalariado, que además compite con grandes empresarios del Agro y multinacionales.

 

Referencias

Betancur B., María Soledad (2015). Reparar a Urabá como territorio: un reto del posconflicto. En:  Observatorio de Derechos Humanos Nº 18. IPC. (Páginas 43-58).

Betancur B., María Soledad (2019). Minería del oro, territorio y conflicto en Colombia: retos y recomendaciones para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente.  Heinrich-Böll-Stiftung, Instituto Popular de Capacitación -IPC-, Germanwatch, Broederlijk Denle.

Campos Serrano, Alicia (2011). Derechos Humanos y Empresas: un enfoque radical. En: Relaciones Internacionales, núm. 17, junio de 2011 GERI – UAM

Dicken, Peter, Global Shift: transforming the world economy, Sage, Londres, 2003 (4ª edición).

Garay, Luis Jorge (2020). Aparatos estatales y luchas de poderes: de la captura a la cooptación y a la reconfiguración. Fundación Heinrich Böll.

Harvey, David (2004) “El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión” en PANITCH, L. y LEYS, C., El nuevo desafío imperial The Socialist Register. Buenos Aires: CLACSO.

Naciones Unidas. (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie.

Naciones Unidas (2021) Informe trimestral del Secretario General de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Recuperado de: https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/unvmc_mar2021_210421.pdf

OXFAM, I. (2017). Una Economía para el 99%. Es hora de construir una economía más humana y justa al servicio de las personas.

 

El derecho a la ciudad de las mujeres cannábicas, otra lucha que se suma a las movilizaciones en Colombia

 

El derecho a la ciudad de las mujeres cannábicas, otra lucha que se suma a las movilizaciones en Colombia

 El prohibicionismo y la guerra contra las drogas han exacerbado las violencias y las vulneraciones a los derechos humanos, en los contextos rurales y urbanos de Colombia (Uprimny, et al. 2014 y Quintero, 2020). En las ciudades, las mujeres han sido las que más se han visto afectadas por el populismo punitivo que impuso el Régimen Internacional de Control de Drogas, pues “si bien la mayoría de las personas detenidas por droga no son mujeres, la mayoría de las mujeres reclusas han perdido su libertad por delitos relacionados con drogas” (Uprimny, et al, 2013, p. 78).

En el marco de la coyuntura actual del paro nacional que inició el pasado 28 de abril de este año, algunas organizaciones como Elementa DDHH, CPAT, Acción Técnica Social, Humanas Colombia, Teméride, Temblores, Corporación Viso Mutop, Sisma Mujer y la Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, se unieron para hacer una propuesta técnica al Comité Nacional del Paro, en relación al cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de paz “Solución al problema de las drogas ilícitas”.

El Gobierno de Iván Duque, desconoce los principios y compromisos en este punto del acuerdo y prueba de ello es el Decreto 1844 de 2018, que al sancionar al consumidor en el espacio público está abordando el problema desde la represión y no desde un enfoque de salud pública y derechos humanos. Además, actualmente se intenta regresar a la erradicación de cultivos ilícitos con Glifosato, una estrategia que la Corte Constitucional restringió en el 2015 y luego condicionó en el 2017 por sus afectaciones a la salud humana y al medio ambiente.

Aunque los artículos inconstitucionales del Decreto 1844 de 2018 fueron declarados condicionados por el Consejo de Estado, en las calles algunos agentes de la fuerza pública, siguen vulnerando el derecho a la dosis mínima, el libre desarrollo de la personalidad, y en últimas el derecho a la ciudad, al perseguir al consumidor e impedir su disfrute tranquilo de parques y lugares públicos.

El derecho a la ciudad como derecho colectivo y categoría política en constante construcción (Correa, 2008), hoy más que nunca se pone de presente para reflexionar en torno a las luchas de lxs usuarixs de estas sustancias, por los derechos a acceder y gozar de los bienes urbanos de la ciudad. En tal sentido, vale la pena que el tema se ponga sobre la mesa de los diálogos y negociaciones, se escuchen las voces de lxs usuarixs y se propongan otras narrativas menos moralistas y más racionales alrededor de las drogas, en un país que ha sido de los más afectados por el prohibicionismo.

Ana Falú (2014) por otra parte, nos dice que “el derecho a la ciudad no es sino construcción permanente y conflictiva, en la que la incorporación de la categoría género en su análisis y reflexión, permite dar cuenta de las asimetrías de las relaciones jerárquicas y de subordinación entre hombres y mujeres” (p. 19) que además se expresan en lo territorial, por lo cual la protesta en las calles ayuda a develar y deconstruir los patrones que mantienen y reproducen estas asimetrías y dinámicas de injusticia y desigualdad.

De manera tal que, la reivindicación del derecho a la ciudad por parte del Movimiento Cannábico y especialmente de los Círculos de Mujeres Cannábicas, se constituye en un gran aporte en esta coyuntura nacional, que nos ha mantenido en una montaña rusa de emociones durante las recientes semanas, pero de la que tenemos muchas esperanzas de avanzar en las transformaciones profundas que Colombia necesita.

Precisamente, el pasado 8 de mayo, tuvo lugar la Marcha Mundial de la Marihuana en Medellín, a la que asistió el Circulo de Mujeres Cannábicas del Valle de Aburra, en un contexto de pandemia, con un sistema de salud colapsado, por lo cual se estableció un toque de queda continuo desde el viernes 7 de mayo, a las 8 de la noche, hasta la madrugada del lunes 10 de mayo. Pese a lo anterior, la marcha se hizo y en eso fue crucial el impulso del Paro Nacional, que ha activado los ánimos de resistencia y el furor de ciudadanías críticas e insurgentes que se toman las calles y el ciberterritorio, produciendo una especie de revolución molecular por la defensa de los derechos ante un gobierno cada vez más autoritario.

Valga resaltar que los estados de excepción no pueden limitar el derecho a la protesta y eso fue lo que entendió la movilización popular, luego de la cuestionada y desobedecida decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que buscaba suspender las marchas del 28 de abril y del 1 de mayo, día del Trabajo.

En Bogotá el punto de concentración inicial era el Parque de los Hippies, pero debido a la alerta roja de la ciudad por cuestiones de capacidad de camas UCIs, el Carnaval Cannábico fue aplazado por las organizaciones convocantes. En Medellín por su parte, como es costumbre, la marcha salió desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y se concentró luego en el Parque de las Luces, reuniendo a más de 7 mil personas.

 Actualmente vengo adelantando en la Maestría en Educación y Derechos Humanos de Unaula, un proyecto de investigación desde el método de las narrativas, con dos mujeres pertenecientes al Circulo de Mujeres Cannábicas del Valle de Aburra; con el objetivo de comprender los sentidos que han construido en torno al derecho a la ciudad como consumidoras de marihuana para uso recreativo. Una de ellas es Lorena Montoya, quien firmó el consentimiento informado, autorizando que su nombre pudiera salir en las publicaciones que surjan a partir de la investigación, como una forma también de mostrar que no hay porque ocultar estos consumos adultos, por el contrario para cambiar las narrativas estigmatizantes y avanzar en la regulación desde un enfoque de reducción de  riesgos, es clave que salgamos cada vez más del closet psicoactivo.

Ella me envió un audio de Whatsapp con las razones por las cuales está saliendo a marchar con el Circulo de Mujeres Cannábicas:

Como mujeres que hacemos parte de Comunidad Cannábica, hemos asistido en representación de las mismas a diferentes marchas en el marco del paro nacional del 2021. Algunas de nuestras principales razones son las ya mencionadas reformas que nos afectan, no solo a nosotras sino a nuestras familias. Marchamos también porque aún estamos en una sociedad que le cuesta visibilizar el trabajo de la mujer en la sociedad. Marchamos porque como consumidoras de cannabis, nos vemos mucho más expuestas al abuso de la autoridad por parte de la policía, no solo como mujeres sino como consumidoras. Marchamos porque es momento de apropiarnos de espacios en los que hemos sido excluidas por estereotipos de mujeres débiles y delicadas y es hora de demostrar que somos fuertes y resistimos a un Estado y un Gobierno que nos quiere víctimas. Como mujeres cannábicas marchamos y resistimos también por la liberación de una planta que sana (Lorena, mensaje de voz vía Whatsapp, 31 de mayo de 2021). 

Interpretando esta narrativa, se pueden apreciar las principales razones que motivan a las integrantes del Circulo de mujeres cannábicas a salir a movilizarse en el marco del Paro Nacional. En primer lugar, llama la atención que el tema de la reforma tributaria, si bien fue considerado como florero de Llorente o la gota que llenó la taza; pasó a un segundo plano, al igual que la reforma a la salud y la pensional. Se trata entonces de un estallido social producto de una serie de opresiones y violencias estructurales que vienen acumulándose a lo largo de la historia, y se acrecientan en el contexto de la pandemia y con la llegada al poder de un gobierno desconectado, insensible y poco eficaz, que no ha tenido ni siquiera la voluntad política de implementar efectivamente los acuerdos de paz firmados con las FARC en el 2016. De tal manera que, la indignación y la rabia explotan y es lo que estamos viviendo, una sociedad convulsionada, rebelde y con ganas de organizarse popularmente. Una Colombia con mayor pensamiento crítico, que está cansada y en la que además lxs jóvenes precarizados no se sienten representadxs ni siquiera por los líderes sindicales del Comité del Paro.

En segundo lugar, Lorena explica en un tono feminista, que reivindica el derecho a la ciudad de las mujeres, las razones por las que se suman a este paro. Al decir que marchan porque “a la sociedad le cuesta visibilizar el trabajo de la mujer”, nos está llamando la atención sobre como los hombres históricamente han sido los visibles y representativos en la mayoría de escenarios públicos; y al expresar que marchan “porque es momento de apropiarnos de espacios en los que hemos sido excluidas por estereotipos de mujeres débiles y delicadas” también está haciendo una denuncia al sistema patriarcal y al sistema heteronormativo, que establece unos roles fijos de género, bajo una concepción dicotómica de que solo existen dos sexos, y que cada sexo tiene unos patrones, comportamientos y determinaciones naturales, lo cual instala los prejuicios y estereotipos que se denuncian y cuestionan en sus pancartas y arengas durante las marchas.

De acuerdo con Ana Milena Montoya (2012) y Juliana Toro y María Ochoa (2017) las violencias de género en los espacios públicos, obedecen a una discriminación de carácter sexista que da cuenta de la desigualdad y de la dominación de un sujeto sobre otro. Perpetuada por el patriarcado y su sistema de creencias que delimitan lo que hace un hombre y lo que hace una mujer.

En esa misma línea, Ana Falú (2014) nos plantea que estas creencias remiten a estereotipos de dominación masculina, aún vigentes en nuestras sociedades. Cuyos efectos en la cultura patriarcal van a perpetuar una construcción identitaria de las mujeres en su carácter de objetos de subordinación y dominación, “que se expresan como formas de supuesta protección” (p. 24), y como formas de violencia en lo público y en lo privado.

En tercer lugar, según Lorena, las mujeres de este colectivo cannábico también están saliendo a marchar porque como consumidoras de cannabis, se ven mucho más expuestas al abuso de la autoridad por parte de la policía. De lo cual se puede inferir la exigencia de que se dé una reforma policial participativa, y que esta incluya de manera más vigorosa el enfoque de género y diferencial en todas sus intervenciones.

Para Ana Falú (2014) “las violencias que sufren y viven las mujeres en el ámbito público son aleatorias y pueden ocurrirle a cualquier mujer independiente de su clase, educación, edad, etnia o lugar de residencia” (p. 19), en el caso de las mujeres cannábicas, el imaginario de que los hombres son quienes más fuman marihuana, hace que ellas sean menos requisadas por la policía; pero cuando les ocurre, son abusadas y estigmatizadas de forma más fuerte, por esa idea sexista de que al ser mujeres tienen que tener mayor abstención a estas sustancias y evitar a si mismo los lugares de libre consumo o zonas de tolerancia.

Así pues, como lo plantea Juliana Toro (2015):

Hay violencias que las mujeres padecen cotidianamente y que influyen en sentimientos de inseguridad y de extrañamiento permitiendo que los espacios públicos sean predominantemente masculinos y se evidencia la necesidad de que las mujeres se apropien de la ciudad y cuenten con las condiciones para que puedan transitar tranquilamente (p. 3)

De tal forma que estos sistemas de opresión y las restricciones que se ejercen contra las mujeres en la ciudad, dificultan su acceso, disfrute e irrupción plena como ciudadanas en  lo público (Ana Falú, 2014) operando como una limitación a su derecho a la ciudad.

Son entonces muy valiosas las apuestas éticas, políticas y estéticas que se hacen desde el Circulo de Mujeres Cannábicas para develar el continuum de violencias y limitaciones al derecho a apropiarse y disfrutar del espacio público. Igualmente, tal como lo plantea Montoya (2012) la participación de las mujeres en los movimientos sociales al interior de las ciudades, refuerzan la conciencia del lugar que ocupan en el cambio urbano, permitiéndoles identificar “las razones por las cuales las mujeres han sido poco reconocidas por las políticas y la planificación urbana” (Ana Montoya, 2012, p. 108).

El goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres, implica la eliminación de respuestas represivas y autoritarias, que han generado un ambiente de violencia en las ciudades, en este caso evidenciada en la persecución y criminalización a las mujeres consumidoras, cultivadoras o que por su vulnerabilidad se han visto en la necesidad de ingresar al negocio del microtráfico.

Esta es además una discusión muy útil para dotar de nuevos sentidos y contenidos el polisémico derecho a la ciudad, que nos inspira a luchar por su reconocimiento y por la posibilidad de imaginar, recrear y transformar la ciudad según nuestros deseos.

 

Referencias

 

Correa, L. (2008), ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos, consultado el 27 de junio de 2010, en Colectivo del Interés Público, disponible en http://colectivoip.blogspot. com/ publicaciones y en http://issuu. com/colectivodelip

Falú, A. (2014). El derecho de las mujeres a la ciudad. Espacios públicos sin discriminaciones y violencias. Revista vivienda y ciudad, 1, 10-28. Recuperado de:  https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/9538/10864

Montoya, A. M. (2012). Aproximaciones sobre el derecho a la ciudad de las mujeres desde un enfoque de seguridad humana. Revista Ratio Juris, 7(15), 177-189. Recuperado de: https://publicaciones.unaula.edu.co/index.php/ratiojuris/article/view/135/126

Toro, J. (2015). Mujeres, a la calle: configuraciones urbanas, violencia y roles de género. Un análisis de las violencias hacia las mujeres en espacios públicos de Medellín.

Toro, J., y Ochoa, M. (2017). Violencia de género y ciudad: cartografías feministas del temor y el miedo. Sociedad y economía, (32), 65-84.

Uprimny, R., Guzmán, D. E., y Parra , J. A. (2013). Penas Alucinantes: La desproporción de la penalización de drogas en Colombia.

Uprimny  R.,  Guzmán,  D,  Parra,  J  y  Bernal,  C .  (2014)  Políticas  de  Drogas  frente  al Consumo  en  Colombia:  Análisis desde  Una  Perspectiva  de  Derechos  Humanos. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho.