Tres retos y sus actores en materia de seguridad y derechos humanos para próximo gobierno

 

En materia de seguridad y derechos humanos, considero que el principal reto que tendra el próximo gobierno nacional (2022-2026), será la implementación de los Acuerdos de Paz, especialmente en el punto 1 (Reforma Rural Integral) y 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas). Avanzar hacia la regulación de sustancias psicoactivas como la cocaína y la marihuana para uso recreativo. El país no aguanta más seguir con el mismo enfoque prohibicionista, se debe promover una discusión alrededor de este tema, bajo un enfoque de género y diferencial, que ponga en el centro a las comunidades, cultivadores y usuarios. En segundo lugar, la reforma policial, de la mano con las reformas en las políticas de drogas. Fortalecer los planes de seguridad, los cuales deben propiciar una perspectiva de seguridad humana, la formación en derechos humanos, derecho internacional humanitario y enfoque de género e interseccional a la Fuerza Pública, y su re-estructuración debe darse bajo la participación de diversos sectores sociales y garantizando una deliberación pública efectiva. En tercer lugar, proponerle al país una reforma a la justicia que realmente aporte a la solución de las dificultades de acceso y garantía a una administración de justicia sólida y de calidad. Disminuir los altos niveles de impunidad y corrupción enmarcados en nuestro sistema de justicia y político. Esta reforma debe pasar además por la implementación del punto 5 (Victimas) del acuerdo de paz y darle plenas garantías al funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, enmarcado en el Sistema Integral de Justicia, verdad, reparación y no repetición, creado en los acuerdos, y en el cual la Comisión de la Verdad estará, por ejemplo, presentando su Informe que deberá ser apoyado y promovido igualmente por el Gobierno.

 

 

Fundamental la articulación con las administraciones municipales. El trabajo mancomunado con el Congreso de la Republica, los organismos de control y derechos humanos como las Personerías y la Defensoría del Pueblo.  El dialogo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la JEP, al igual que con funcionarixs y Magistradxs de la Altas Cortes de las Jurisdicciones Constitucionales, Ordinaria y Contenciosa Administrativa. Por otro lado, es importante involucrar al Sector Académico, al Privado, a ONGs y a Organismos Internacionales de los Sistemas de Derechos Humanos. Para el reto uno destararía a actores como los Ministerios Involucrados con la Reforma Rural (Agricultura, Unidad de Tierras) y con las políticas de Drogas (Salud, Justicia, Defensa); al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP); Indepaz. Para el reto dos, será importante además de contar con la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior, con la asesoría de organizaciones como Temblores, la ESAP, La Fundación Ideas para la Paz (FIP), la organización Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL), y Washington Office on Latin America (WOLA) “Programa WOLA Colombia”. Y para el tercer reto, importante contar con la Asesoria de Facultades de Derecho de Universidades y entidades como DeJusticia, el Instituto Kroc, entre otras organizaciones de víctimas.