¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?
Por: Jorge David Vallejo Gómez
“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”. Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión del 7 de agosto del 2022, marcó lo que sería la orientación del nuevo gobierno en materia de drogas, la cual apunta a cambiar el paradigma prohibicionista, de la fracasada guerra contra las drogas, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos, enfoques que coinciden con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz con las FARC.
En este sentido, los cambios que el Gobierno emprenda requerirán de la articulación armónica de los tres poderes públicos, y un primer desafío a largo plazo, será lograr que tanto la sociedad civil como nuestras instituciones, desmonten los sesgos, prejuicios y estigmas alrededor de estos asuntos, para que sean abordados desde la evidencia y el entendimiento de que la prevención llega hasta cierto punto, pues estas sustancias siempre acompañaran al ser humano, por lo que el enfoque de reducción de riesgos y daños, se constituye en una herramienta clave para convivir con ellas.
Diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, articuladas en la denominada “Coalición Acciones por el cambio”, han hecho valiosos aportes en el marco de la oportunidad política que se presenta con el nuevo gobierno. Uno de los últimos fue un memorando, en el que coinciden con varias de las recomendaciones señaladas en el Informe Final de la Comisión de la verdad, quien expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y degradación del conflicto armado colombiano. Entre las propuestas realizadas, se indica que es necesario retomar el liderazgo regional frente a la reforma a las políticas de drogas a nivel global; garantizar estrategias coherentes de comunicación y espacios de educación y gestión de conocimiento e investigación; y realizar reestructuraciones institucionales, en la fuerza pública y en la política criminal. Igualmente, se ha hablado de la importancia de comprender y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos del prohibicionismo y el narcotráfico, y esto pasa por reconocer y escuchar a los diferentes actores, e incentivar el diálogo con las personas y comunidades, de manera que puedan compartir sus vivencias y contribuir para que estos impactos sean atendidos, superados y reparados.
Por otra parte, se hace necesario reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles, con lo cual se pueda por ejemplo implementar el Plan Decenal de Salud Publica 2022-2031, y que con esto se amplíen estrategias de reducción de riesgos y daños, se aporte información veraz y actualizada, se construyan protocolos de trazabilidad, guías y sistemas de alerta temprana integrando información de los servicios de análisis de sustancias, todo esto garantizando un enfoque de género y estándares de calidad y transparencia para el control ciudadano. Así mismo, es importante que se garantice mayor acceso a medicamentos para el dolor de pacientes que demandan cuidados paliativos, lo que implica eliminar trabas normativas nacionales e internacionales.
Por consiguiente, se requiere desde el ejecutivo hacer ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilegalizadas, que esperemos acojan además como principio la garantía del Derecho a la ciudad, como derecho colectivo emergente, que reivindica una apuesta interseccional por el derecho a la participación ciudadana, el disfrute de los espacios públicos y el respeto por la diversidad sociocultural y la equidad de género en las ciudades, pueblos y asentamientos.
De acuerdo con el informe de posición sobre Colombia de la Comisión Global de Políticas de Drogas, la regulación de todas las drogas, empezando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y amapola, le permitiría a Colombia avanzar en la consolidación de la paz, aumentando las oportunidades del campesinado y fortaleciendo el tejido social y la presencia estatal en los territorios. Por tanto, para el logro de estos cambios, será clave que se siga consolidando la alianza interpartidista de congresistas comprometidos/as con la transformación en las políticas de drogas. El primer reto que están enfrentado es conciliar las distintas iniciativas, para unificarlas y agrupar fuerzas, así como se ha hecho con el proyecto de Ley Estatutaria 091 (Sobre reducción de riesgos y daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas) y con el proyecto de acto legislativo para reformar el Artículo 49 de la Constitución, con el cual se busca permitir la regulación del cannabis para uso adulto o recreativo, solucionando de esta forma muchas contradicciones jurídicas al estar actualmente despenalizado su consumo mínimo y de aprovisionamiento, pero no su producción, porte y comercialización. De tal manera que, logrado este cambio constitucional, se abriría la puerta para construir nuestro propio modelo de regulación, en el cual se debe encontrar un balance que permita que los precios logren desplazar al mercado ilícito, pero además se garantice la incorporación y el cumplimiento de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal del cannabis de uso adulto. El Congreso también tiene el reto de seguir citando a audiencias públicas para lograr el respaldo ciudadano en estos debates y otras reformas que se requieren como la del Estatuto Nacional de Estupefacientes, el código penal, el código de procedimiento penal, la ley de extinción de dominio, entre otras.
Entre tanto, las Altas Cortes deben estar preparadas para el activismo judicial, en la medida en que iniciativas reaccionarias y regresivas vayan apareciendo. De igual forma es importante que continúe el desarrollo de jurisprudencia relacionada con el autoabastecimiento o aprovisionamiento individual y colectivo de sustancias psicoactivas ilegalizadas; se apliquen beneficios administrativos y penitenciarios, medidas de reinserción social y salud, a personas condenadas por delitos menores asociados con drogas, sobre todo a mujeres, atendiendo al principio de proporcionalidad según la gravedad del delito y racionalizando la acción penal con resultados enfocados en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. También es necesario seguir poniendo sobre la mesa la pregunta sobre qué tanto nos beneficia la extradición de narcotraficantes, pues debe ser prioritario garantizar la verdad y la reparación a las víctimas colombianas, quienes además, según se expone en el memorando, deben ser convocadas para definir el concepto de persona y/o comunidad afectada por la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y para definir los nuevos criterios de acceso a bienes incautados.
