Son muchos los retos en materia de política de drogas, los que enfrentara el próximo gobierno de
Gustavo Petro y Francia Márquez. Lo que propuso la opción de cambio ganadora en cuanto a este
asunto, evidencia las fisuras que hacen irreversible la transformación de los enfoques que han
imperado en la fracasada y costosa guerra contra las drogas en nuestro país. Incluso con Rodolfo
Hernández también se proponía un cambio al régimen prohibicionista, con una mirada más abierta
y propensa a regular por ejemplo el mercado de cannabis para uso adulto o recreativo, de hecho,
en los últimos días de campaña, lanzó una propuesta rimbombante de “regalar droga a los
adictos”.
El gobierno de Iván Duque se concentró en intervenciones represivas y alejadas del enfoque de
mitigación de daños y riesgos, para reducir la disponibilidad de estas sustancias, sin lograr los
resultados esperados a pesar de enfocar la mayoría de los recursos en la erradicación forzada y la
desarticulación de organizaciones que se financian de este mercado. Con Petro, la visión será
totalmente diferente, pues parte de que no es posible un mundo sin drogas, por lo cual lo que
buscara hacer es enfocar los esfuerzos en la prevención. De ahí que en su programa de gobierno,
plantea convocar a una discusión global basada en los derechos humanos, que reoriente los
esfuerzos entre los países y avance en la regulación del cannabis y la hoja de coca en sus
diferentes usos incluyendo el recreativo.
Igualmente, el presidente electo ha señalado que el Acuerdo Final de Paz con las FARC será parte
de la ruta fundamental para construir un Acuerdo Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo
cual el Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, contempla compromisos claves que
han tenido pocos avances con el gobierno saliente. En este sentido, Petro propone consolidar un
proceso integral de sustitución de economías y tierras a favor de una economía productiva que
dignifique a las poblaciones rurales y proteja el medio ambiente.
Más allá de estas ideas que se esbozan en el nuevo panorama, quisiera dejar en esta primera
columna para No Apto, un reto que considero crucial en relación a este tema, el desmonte del
populismo punitivo, el estigma y la criminalización que ha irradiado estos consumos. Tal como lo
ha señalado la Corte Constitucional en las Sentencias T-153 de 1998 y en el Auto 110 de 2019, en
el cual se hizo seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y
carcelaria. El hacinamiento carcelario en Colombia es alarmante y esto se debe en gran parte a la
desproporcionalidad e irracionalidad de la política criminal antidrogas, que se conjuga con la
persecución policial, particularmente hacia los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico.
El centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia, ha documentado la gravedad de este
problema y su relación con el prohibicionismo en materia drogas. En sus investigaciones se han
destacado además los impactos hacia jóvenes y mujeres en contextos de vulnerabilidad, quienes
en su mayoría se encuentran encarceladas por delitos como el tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes u otros relacionados con este mercado ilegal. De otro lado, el equipo de la ONG
Temblores encontró en recientes estudios que las personas consumidoras de sustancias
psicoactivas son quienes más abusos reciben por parte de la policía. Y a esta violencia estatal se le
suma la denominada “limpieza social” que ha documentado el Centro Nacional de Memoria
Histórica y que aparece también en el Informe Final de la Comisión de la Verdad, como un
fenómeno que ha afectado la vida e integridad de consumidores de sustancias tanto en el
contexto rural como urbano.
De tal manera que de los primeros objetivos del nuevo gobierno, será proponer al país través del
Ministerio de Justicia y del Derecho, medidas urgentes como amnistías e indultos a quienes hayan
cometido delitos relacionados con drogas, bajo criterios que se tendrían que definir, pero que
estarían ligados a que no se hayan dado en concurso con graves conductas punibles.
Lograr avanzar en este reto no solo implicara liderar el debate en la región y en los organismos
internacionales, sino además profundizar en la discusión y sensibilización sobre este tema a nivel
local y nacional. Allí los alcaldes y concejos municipales deberán aportar con el llamado que les ha
hecho la Corte Constitucional de regular el consumo de sustancias psicoactivas en espacios
públicos, abriendo mayores escenarios de participación y promoviendo un dialogo basado en la
reducción de daños y riesgos, la educación, la convivencia y la dignidad de quienes consumimos,
pero también de quienes autocultivan y se consolidan como un mercado gris de emprendimientos
alejados de la criminalidad.
Este es pues un desafío que si bien seria liderado por el ejecutivo en el orden nacional, involucra
también al Congreso, quien deberá apoyar estas iniciativas y otras que se aparten del populismo
punitivo, como avanzar en la regulación del cannabis recreativo; y a la Rama Judicial, quien deberá
acatar estas disposiciones en articulación con el INPEC. En últimas, este cambio de paradigma y las
estrategias que se desprendan deberán ser claras, de cara a la sociedad y ajustadas a las
recomendaciones que han hecho diversas organizaciones nacionales e internacionales de
Derechos Humanos, señalando la necesidad de racionalizar el uso de la prisión a personas que
cometen delitos menores con drogas, eliminar las restricciones existentes para beneficiarse de
subrogados penales, hacer las reformas necesarias para prevenir la reincidencia, incluir el enfoque
de género en las nuevas políticas de drogas; y finalmente implementar alternativas al
encarcelamiento y la militarización, garantizando la participación de la sociedad civil, por ejemplo
del movimiento cannábico, en el diseño, la implementación y la evaluación de estas medidas, que
sin duda también contribuirán con la paz y la justicia social de nuestro país en el nuevo momento
histórico que arranca este 7 de agosto de 2022.
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