¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

 ¿Qué cambios se requieren realizar desde los tres poderes para transitar hacia una política de drogas con enfoque de derechos humanos en Colombia?

Por: Jorge David Vallejo Gómez

“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas”. Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión del 7 de agosto del 2022, marcó lo que sería la orientación del nuevo gobierno en materia de drogas, la cual apunta a cambiar el paradigma prohibicionista, de la fracasada guerra contra las drogas, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos, enfoques que coinciden con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz con las FARC.

En este sentido, los cambios que el Gobierno emprenda requerirán de la articulación armónica de los tres poderes públicos, y un primer desafío a largo plazo, será lograr que tanto la sociedad civil como nuestras instituciones, desmonten los sesgos, prejuicios y estigmas alrededor de estos asuntos, para que sean abordados desde la evidencia y el entendimiento de que la prevención llega hasta cierto punto, pues estas sustancias siempre acompañaran al ser humano, por lo que el enfoque de reducción de riesgos y daños, se constituye en una herramienta clave para convivir con ellas.

Diversas organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, articuladas en la denominada “Coalición Acciones por el cambio”, han hecho valiosos aportes en el marco de la oportunidad política que se presenta con el nuevo gobierno. Uno de los últimos fue un memorando, en el que coinciden con varias de las recomendaciones señaladas en el Informe Final de la Comisión de la verdad, quien expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y degradación del conflicto armado colombiano. Entre las propuestas realizadas, se indica que es necesario retomar el liderazgo regional frente a la reforma a las políticas de drogas a nivel global; garantizar estrategias coherentes de comunicación y espacios de educación y gestión de conocimiento e investigación; y realizar reestructuraciones institucionales, en la fuerza pública y en la política criminal. Igualmente, se ha hablado de la importancia de comprender y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales, culturales y políticos del prohibicionismo y el narcotráfico, y esto pasa por reconocer y escuchar a los diferentes actores, e incentivar el diálogo con las personas y comunidades, de manera que puedan compartir sus vivencias y contribuir para que estos impactos sean atendidos, superados y reparados.

Por otra parte, se hace necesario reducir los presupuestos militares y aumentar la financiación de las autoridades civiles, con lo cual se pueda por ejemplo implementar el Plan Decenal de Salud Publica 2022-2031, y que con esto se amplíen estrategias de reducción de riesgos y daños, se aporte información veraz y actualizada, se construyan protocolos de trazabilidad, guías y sistemas de alerta temprana integrando información de los servicios de análisis de sustancias, todo esto garantizando un enfoque de género y estándares de calidad y transparencia para el control ciudadano. Así mismo, es importante que se garantice mayor acceso a medicamentos para el dolor de pacientes que demandan cuidados paliativos, lo que implica eliminar trabas normativas nacionales e internacionales.

Por consiguiente, se requiere desde el ejecutivo hacer ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilegalizadas, que esperemos acojan además como principio la garantía del Derecho a la ciudad, como derecho colectivo emergente, que reivindica una apuesta interseccional por el derecho a la participación ciudadana, el disfrute de los espacios públicos y el respeto por la diversidad sociocultural y la equidad de género en las ciudades, pueblos y asentamientos.

De acuerdo con el informe de posición sobre Colombia de la Comisión Global de Políticas de Drogas, la regulación de todas las drogas, empezando por el cannabis y siguiendo con la hoja de coca y amapola, le permitiría a Colombia avanzar en la consolidación de la paz, aumentando las oportunidades del campesinado y fortaleciendo el tejido social y la presencia estatal en los territorios. Por tanto, para el logro de estos cambios, será clave que se siga consolidando la alianza interpartidista de congresistas comprometidos/as con la transformación en las políticas de drogas. El primer reto que están enfrentado es conciliar las distintas iniciativas, para unificarlas y agrupar fuerzas, así como se ha hecho con el proyecto de Ley Estatutaria 091 (Sobre reducción de riesgos y daños en los usos y consumos de sustancias psicoactivas) y con el proyecto de acto legislativo para reformar el Artículo 49 de la Constitución, con el cual se busca permitir la regulación del cannabis para uso adulto o recreativo, solucionando de esta forma muchas contradicciones jurídicas al estar actualmente despenalizado su consumo mínimo y de aprovisionamiento, pero no su producción, porte y comercialización. De tal manera que, logrado este cambio constitucional, se abriría la puerta para construir nuestro propio modelo de regulación, en el cual se debe encontrar un balance que permita que los precios logren desplazar al mercado ilícito, pero además se garantice la incorporación y el cumplimiento de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal del cannabis de uso adulto. El Congreso también tiene el reto de seguir citando a audiencias públicas para lograr el respaldo ciudadano en estos debates y otras reformas que se requieren como la del Estatuto Nacional de Estupefacientes, el código penal, el código de procedimiento penal, la ley de extinción de dominio, entre otras.

Entre tanto, las Altas Cortes deben estar preparadas para el activismo judicial, en la medida en que iniciativas reaccionarias y regresivas vayan apareciendo. De igual forma es importante que continúe el desarrollo de jurisprudencia relacionada con el autoabastecimiento o aprovisionamiento individual y colectivo de sustancias psicoactivas ilegalizadas; se apliquen beneficios administrativos y penitenciarios, medidas de reinserción social y salud, a personas condenadas por delitos menores asociados con drogas, sobre todo a mujeres, atendiendo al principio de proporcionalidad según la gravedad del delito y racionalizando la acción penal con resultados enfocados en los actores de la cadena que generan violencia, lavan dinero y se lucran de las actividades ilegales. También es necesario seguir poniendo sobre la mesa la pregunta sobre qué tanto nos beneficia la extradición de narcotraficantes, pues debe ser prioritario garantizar la verdad y la reparación a las víctimas colombianas, quienes además, según se expone en el memorando, deben ser convocadas para definir el concepto de persona y/o comunidad afectada por la guerra contra las drogas y el narcotráfico, y para definir los nuevos criterios de acceso a bienes incautados.

El Anticredo

Creo en mi todo poderoso, creo en mi Dios interior.

Creo en mi y en los demás, pero cuestiono lo que me han enseñado, sobre todo aquello que se me impuso y que nunca pedí aprender.

No obedezco sin pensar.

Soy incrédul@ con todo lo que no he experimentado por mi mism@.

No me creo ciegamente los pensamientos de otr@s, y ni siquiera mis propios pensamientos.

Exploro mis límites para ver si son reales.

Creo mis propios códigos y los adaptado a mis necesidades actuales.

Actualizo mis contratos y promesas, mis relaciones, mis compromisos y hasta los autoconceptos y etiquetas que tengo de mi mism@.

Reviso periódicamente mis códigos, creencias y límites.

Me levanto cada día con el propósito de desaprender algo.

Vivo cada jornada que comienza como un nuevo nacimiento.

Me acuesto cada noche agradeciendo por todo y por la capacidad de renovarme.

Manifiesto de #Amor

 

No tienes que ser perfect@ para que te ame

No tengo que ser perfect@ para sentirme merecedor/ra de tu amor

No tienes que esconder tus necesidades genuinas ante mí, ni yo tampoco ante ti

No tenemos que mostrarnos siempre con nuestras mejores versiones ni ocultar nuestros personajes exilados

Entre tú y yo no existe la vergüenza ni la culpa

Entre tú y yo brilla el sol de la autenticidad

Entre tú y yo se respira complicidad, la seguridad reina en el territorio de nuestra relación

Entre tú y yo, como un bebé concebido por nuestros dos corazones, ha nacido y crece un gran Amor

Liderar el debate mundial sobre la guerra contra las drogas: Uno de los llamados que hace la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

 

Liderar el debate mundial sobre la guerra contra las drogas: Uno de los llamados que hace la Comisión de la Verdad en su Informe Final.

Por: Jorge David Vallejo

 

“(…) claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política

contra las drogas, vista como una guerra. Por una política de

prevención fuerte del consumo en las sociedades desarrolladas.

Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte

que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente”.

Esta frase pronunciada por el Presidente Gustavo Petro en su posesión el pasado 7 de agosto, marca la orientación que mantendrá el nuevo gobierno frente a la política de drogas. Tanto Petro, como la Vicepresidenta Francia Márquez fueron claros en su programa de gobierno y los debates en los que participaron, con esta nueva visión que apunta a cambiar el paradigma prohibicionista que impera a nivel global, por unos nuevos lineamientos enmarcados en la salud pública, la justicia social y los derechos humanos.

Aunque no ha pasado una semana desde este suceso histórico en el que se releva el poder por primera vez a un líder de izquierda de nuestro pais, se evidencia claramente una intención genuina por divulgar los hallazgos y acatar las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (Comisión de la Verdad). Así lo demuestran iniciativas como las que se pretenden: de difundir y promover conversaciones entorno al legado de la Comisión, en centros educativos, medios de comunicación y diversos escenarios públicos; retomar el dialogo con el Ejército de Liberación Nacional – ELN; o la iniciativa de reestructurar la fuerza pública, sacando la policía del Ministerio de Defensa y creando el Ministerio para la Paz y la Reconciliación para que remplace al Ministerio de Defensa.

Tal parece que los esfuerzos de estos primeros días se han enfocado en la búsqueda de la llamada “Paz Total” acudiendo a la convocatoria a la ”Paz grade” hecha por la Comisión. Lo anterior, ha suscitado unas nuevas discusiones alrededor del tema del sometimiento, que debido a las posibilidades que habrá de negociar, ahora es denominado “acogimiento” a la justicia, de todos los Grupos Armados Organizados, más allá del ELN, que participan actualmente en hostilidades y amenazan la tranquilidad de las comunidades en los territorios.

A diferencia del ELN, que nació bajo unas causas políticas y ha tenido periodos en su historia, en los cuales incluso ha buscado alejarse del mercado de las drogas, estos otros grupos criminales, en su mayoría tienen un interés únicamente de lucro, pues se financian a partir de la extorsión, la explotación ilícita de minerales, el narcotráfico de drogas ilegalizadas, entre otros delitos. Probablemente por buscar soluciones rápidas a la escalada de violencia, las masacres y el asesinato a líderes sociales y ambientales, el nuevo gobierno se la está jugando por poner como prioridad un asunto que debe ser manejado con pinzas y sensatez, entre otras cosas porque si no se avanza en las discusiones alrededor de las políticas antidrogas a nivel nacional y global, en un abrir y cerrar de ojos estaremos en un círculo vicioso con nuevas estructuras delincuenciales y residuales que seguirán impidiendo la tan anhelada paz en el pais.

Tal como lo ha señalado el profesor Santiago Tobón, si no se abre un camino hacia la regulación de las drogas, empezando por el cannabis y la cocaína, el proceso de negociación para alcanzar la paz total será asimétrico, pues estos grupos cuentan no solo con control territorial sino también con el conocimiento del negocio, sus rutas y el manejo de las operaciones de lavado de activos. A diferencia del Gobierno que estará en desventaja en cuanto a la conducción de un negocio por reglamentar y acoger como monopolio que hoy está en otras manos.

Es decir que, poco serviría conceder beneficios penales a estos grupos a cambio de su desmovilización, si continua el enfoque prohibicionista, que parte de la utopía de vivir en un mundo sin drogas. Pues algunos cabecillas y la mayoría en los rangos medios y bajos, no estarían tan estimulados y prestos a dejar el narcotráfico, pues su demanda a nivel global es altísima y con jugosas ganancias.

De ahí que la Comisión de la verdad, no solo expone el negocio de las drogas ilícitas, como un factor de persistencia y protagonista en el conflicto armado colombiano, sino que además hace un llamado al liderazgo en el debate mundial sobre la guerra contra las drogas. Una discusión que fundamentalmente debe ser participativa, con incidencia de organizaciones civiles nacionales e internacionales, y con representantes de pueblos étnicos y campesinos, universidades y expertos/as.

Asimismo, la Comisión hace importantes recomendaciones para que en el marco de este debate, se garanticen espacios de interlocución y concertación lideradas por las autoridades territoriales, frente al diseño, la implementación y el seguimiento de la política de drogas en los territorios, haciendo énfasis en que estos espacios también deben servir para identificar y compartir propuestas que permitan avanzar hacia la regulación. Igualmente, propone crear espacios de reconocimiento y diálogo con las personas y comunidades de manera que puedan compartir sus testimonios y así visibilizar impactos ambientales, sociales, culturales y políticos del narcotráfico y la política prohibicionista, y las diferentes formas para atenderlos y superarlos. Lo cual, luego implicará hacer los ajustes institucionales, normativos y presupuestales para garantizar la implementación de nuevas políticas frente al consumo de sustancias psicoactivas, basadas la reducción de daños y desde un enfoque de derechos humanos, de género y diferencial.

En definitiva, es esperanzador y llena de optimismo, ver la sintonía del nuevo Gobierno con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Será clave que los discursos se logren materializar, que por lo menos se sienten las bases de las transformaciones que nuestro pais requiere. Pero por el afán de mostrar resultados, en este caso en materia de seguridad, no se puede descuidar el desafío que tenemos de desmontar el prohibicionismo y la guerra contra las drogas, una tarea para la cual es urgente perseverar en una discusión de orden internacional, pues solo este diálogo permitirá un cambio de chip, que empieza por reconocer que es ilógico pensar en un mundo sin drogas, por lo cual debemos aprender a convivir con ellas disminuyendo sus males y haciendo un mundo más libre, justo y pacífico.

 

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